La revocatoria de mandato del presidente de la República es un proceso que en las circunstancias que atraviesa el país significaría su desestabilización y una agudización de la crisis que enfrenta.

Resulta por ello imperativo que el Consejo Nacional Electoral CNE), que es la autoridad competente, sea muy estricto a la hora de admitir o no la solicitud presentada por un colectivo ciudadano, certificando si este realmente postula pedidos que representan el clamor de la mayoría de ecuatorianos y si estos están correctamente sustentados.

Si la solicitud de revocatoria se plantea en virtud de que el primer mandatario ha incumplido varias decenas de puntos de su plan de gobierno, que cada uno de ellos sea debidamente comprobado, sin dar cabida a subjetividades.

Existen objetivos que solo se pueden alcanzar en el largo plazo y cuya realización muchas veces se ve impedida por factores externos, ajenos a la gestión gubernamental. Asimismo, la solución de muchos de los graves problemas del país no depende únicamente del Ejecutivo, sino de que los otros poderes del Estado, principalmente el Legislativo y el Judicial, desempeñen eficiente y honestamente sus funciones. De la decisión del CNE dependerá que se siente o no un muy mal precedente en la democracia.