La sobrepoblación de internos en un gran número de cárceles del país es una constante con la que han tenido que lidiar las autoridades del Gobierno por los riesgos que esto representa en la salud de los reos y en el ambiente de paz, por ejemplo.

Al 29 de abril había un déficit de 3.300 plazas para personas privadas de la libertad, a nivel nacional, según los registros públicos.

Particularmente en Santo Domingo, donde este lunes 9 de mayo se registró una masacre, con más de 40 internos fallecidos, la situación ha sido crítica. Ahí, las actividades en el Centro de Privación de Libertad 1 de esa provincia se han desarrollado en condiciones prácticamente de hacinamiento, según las cifras oficiales disponibles y familiares de internos.

La capacidad instalada efectiva de esa cárcel, es decir, la disponibilidad para acoger personas en condiciones favorables es de 914 puestos. Al 29 de abril pasado, casi se duplicaba la población que debería albergar ese centro penitenciario: había 1.611 internos.

 Sin embargo, en una rueda de prensa, Pablo Ramírez, director del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas (SNAI), dijo este lunes que había unos 1.700 reos. El funcionario también advirtió que más de 100 presidiarios llegaron a esa cárcel en las últimas semanas, después de la matanza ocurrida el 3 de abril en Turi, a través de órdenes de jueces que acogieron recursos de habeas corpus.

Según una revisión de este Diario a las cifras de las poblaciones carcelarias, en 22 de 36 lugares de privación de libertad hay déficit de plazas para internos.