En 28 de junio de 2022 se conocerá si la felicidad demostrada tras el resultado de la audiencia de formulación de cargos se mantendrá, o si habrá una decisión diferente que, tal vez, les pudiera causar amargura.

¿Por qué? Porque a las 09:00 de ese día se realizará la diligencia de procedimiento directo en contra de las 18 personas que la noche del miércoles 8 de junio recuperaron su libertad, tras ser procesadas por el delito de asociación ilícita.

A favor de ellas, el juez José Miguel Torres López, de la Unidad de Flagrancia, en Guayaquil, dispuso que no fueran a prisión, como pedía el fiscal Danny Vizueta Prado, sino que únicamente se presentaran cada viernes en el Ministerio Público. Además, les ordenó que no salieran del país, porque les quedaba prohibido.

Para el juzgador, no se cumplían los requisitos para que estas personas fueran ‘encanadas’. Por eso, consideró que “no es necesario ordenar la prisión preventiva”, según se detalla en el acta de la audiencia.

Los 18 procesados fueron detenidos cuando presuntamente hacían guardia en los exteriores del Hospital Luis Vernaza, en el centro porteño, para cuidar a José Arturo Rivas Lozano, de 41 años, quien al mediodía del martes 7 de junio fue atacado a tiros por un grupo de criminales, mientras salía en un vehículo blindado de Plaza Milann, en la parroquia La Aurora del cantón Daule, en Guayas.

Entre los aprehendidos estuvieron un hijo y la esposa de José Arturo, quien en su entorno es más conocido como Joselo. Ellos, en la versión rendida en la diligencia, negaron tener conocimiento de las tres armas que los investigadores encontraron en los tres vehículos que supuestamente utilizaban para movilizarse.

Un argumento similar fue utilizado por los otros aprehendidos y, al parecer, les sirvió. Finalmente, al enterarse de que recuperarían su libertad, mostraron su alegría. Como un recuerdo de aquel momento, quedó una fotografía tomada junto a dos abogados dentro de la sala de audiencias. Todos sonreían.

ARGUMENTOS DE LOS PROCESADOS