La Policía Nacional analizó las cifras del 2022 y concluyó que apenas el 7,5 % de las muertes violentas, acontecidas en todo el país, llegó a resolverse. Además, se estableció que solo cinco jurisdicciones, de las veintiséis con las que cuenta la entidad, no terminaron con números en rojo. EXTRA accedió a este informe.

En los datos estadísticos también se puede observar que en cinco provincias se concentró el 80 % de los homicidios intencionales: Guayas, Esmeraldas, Manabí, Los Ríos y El Oro, con 3.731 crímenes de los 4.609 registrados en Ecuador.

Otra situación que llama la atención es la proyección que ha hecho la institución para este 2023, en un estudio con la aplicación de una metodología internacional con el 95 % de confianza (método Holt-Winters).

En esta investigación se plantearon tres escenarios: uno realista, que mantiene la tendencia actual; otro crítico, en el que se manejan cifras de un posible desborde mayor de violencia, y, finalmente, el optimista, en el que se desarrolla la idea de que el problema podría mejorar. No obstante, en ninguna de estas proyecciones los asesinatos disminuyen. En el mejor de los casos, se pronostica un incremento del 50,9 %, anunciando que este año no terminará con menos de 6.955 muertes violentas (ver infografía).

Presupuesto

Daniel Pontón, docente e investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), explica que para analizar esta problemática hay que partir del presupuesto con el que cuenta la Policía.

“¿Cuánta plata se ha invertido en investigación criminal?”, cuestiona el experto y añade que, por lo general, el dinero es utilizado en gasto corriente, operativo, y muy poco en algo que permita mejoras. “La inversión es mínima (...). Es que eso demuestra las prioridades”.

Efectivamente, en la información de Transparencia en el sitio web de la Policía, se detalla que su presupuesto anual es de aproximadamente 1.330 millones de dólares, de los cuales cerca de $ 1.230 millones (más del 92 %) son destinados a sueldos, compensaciones, aportes patronales, fondos de reserva, etcétera, para los más de 50 mil uniformados.

El resto se va en logística, arreglo y alquiler de vehículos, entre otros gastos, como agua, luz y teléfono, mientras que para capacitación de los servidores se destina un poco más de un millón de dólares.

Un exjefe policial que respondió a la solicitud de entrevista de EXTRA, bajo reserva, explica que el presupuesto sí es un factor importante en la institución, porque este habría disminuido en los últimos años, tanto así que no se logran arreglar algunos vehículos.

Incluso, a ciertos “servidores policiales no les han dotado del equipo básico para trabajar. No han comprado chalecos antibalas desde hace algunos años. Algunas de las últimas promociones que se han graduado no tenían chaleco, tenían que comprarse particularmente”, señala.

Esto genera que tampoco se pueda contar con herramientas tecnológicas, como las que tenían para la interceptación para llamadas: “Ahora ya no hay”. Así también se ha reducido el trabajo con informantes, porque no hay dinero para pagarles. Esto lo confirmó una fuente que, hasta hace poco, laboraba con la institución.

A la falta de dinero se suma que las personas, por miedo, no quieran denunciar a un sospechoso y que tampoco haya un apoyo total de las entidades judiciales. Pontón coincide con este punto: “El problema es el sistema penal en conjunto”.

El modelo ecuatoriano

Un exagente de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, Transnacional e Internacional (Fedoti), con identidad bajo reserva, describe que en Ecuador los temas de seguridad pública dependen siempre de los gobernantes de turno, a diferencia de países del Primer Mundo en que no pasa por el criterio de una persona o de un grupo.

“Son estructuras organizadas que vienen de años y años. En cuatro años nadie puede cambiar lo blanco a negro y lo negro a blanco. Por ejemplo, en los Estados Unidos camina una estructura del Estado, con la seguridad, la defensa interna y externa, por políticas y objetivos nacionales que son permanentes. Y no varían de acuerdo al criterio político o politiquero del gobierno de turno”, argumenta.

El especialista esclarece que los crímenes en las calles son la evidencia de “la falta de seguridad jurídica. Nadie quiere hacer nada por temor a perder sus puestos, sus cargos. Es como en la mafia napolitana, la Camorra, que dice: los ciegos, los sordos y los mudos viven más. Cada quien trata de jugar el rol que más le conviene”.

Para el experto, se deben adoptar medidas como las aplicadas en Israel, en que todos los operadores de justicia deben someterse a pruebas de confianza (polígrafo) de forma periódica, algo que no ocurre en Ecuador.

“Ahí no invocan a la violación de derechos, a la falta de confianza... Si no tememos es porque no debemos. Y si algo tememos es porque debemos”, manifiesta el exfiscal.

Y por la falta de dinero, el exfuncionario dice que se debería tomar el ejemplo de Hong Kong, que carga los gastos de las investigaciones a los involucrados en delitos, sobre todo en investigaciones relacionadas con enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, narcotráfico y delitos afines.

De esa forma, con incautaciones de propiedades y otros bienes, se solventaría la falta de presupuesto. Pero lamenta que ni en campañas políticas se escuchan estas propuestas.

Por eso, sostiene que para los grupos criminales, incluso transnacionales, “es más rentable venir a delinquir aquí”.

Versión oficial

Para conocer la postura de la Policía ante los pocos casos resueltos, la proyección de crímenes para el 2023 y los inconvenientes que se le presentarían a la institución, un periodista de EXTRA envió un correo a la entidad el 10 de enero, a las 15:15, para solicitar información. Hasta el cierre de esta edición, no hubo respuesta.