El juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Guillermo Ortega, dictó este jueves 27 de febrero de 2025 una resolución que suspende los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad por un período de dos años. Además, la funcionaria fue multada con más de 14.000 dólares, en el marco de una denuncia por violencia política de género interpuesta por la canciller Gabriela Sommerfeld.

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La sentencia no es definitiva

La sentencia fue anunciada este jueves 27 de febrero de 2025, pocos días después de la audiencia en la que se presentaron los argumentos de ambas partes. Esta es una resolución inicial, lo que significa que Abad tiene la posibilidad de apelar ante el Pleno del TCE para intentar revertir la medida.

La denuncia sostiene que Abad habría hecho comentarios despectivos, con el fin de dañar la reputación de la canciller Sommerfeld y dificultar su trabajo en el ámbito internacional. De acuerdo con el expediente, los comentarios de Abad habrían recurrido a estereotipos de género para menoscabar la imagen de la funcionaria.

Según el documento judicial, el monto de la multa deberá ser pagado en un plazo máximo de tres meses, contado a partir de la fecha en que la sentencia adquiera firmeza. El pago se realizará en la cuenta designada para "multas" del Consejo Nacional Electoral.

¿Qué pasará con Verónica Abad?

La suspensión de los derechos políticos de Verónica Abad por parte del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) implica que quedará inhabilitada para ejercer cargos de elección popular durante dos años. Sin embargo, al tratarse de un fallo de primera instancia, Abad tiene la opción de apelar, lo que podría aplazar la ejecución de la sentencia hasta que se resuelva en una instancia superior.

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Paralelamente, su ausencia prolongada y la asignación de funciones diplomáticas en Turquía podrían configurar una ausencia definitiva en la Vicepresidencia, situación que debe ser constatada por la Asamblea Nacional. Este proceso podría derivar en la designación de un nuevo vicepresidente, según lo establecido en la Constitución ecuatoriana.

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