El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, renovó el estado de excepción por 30 días adicionales en varias provincias del país debido a la grave conmoción interna provocada por la violencia y la actividad de grupos armados organizados. La medida, establecida en el Decreto Ejecutivo No. 552, mantiene restricciones a ciertos derechos y busca fortalecer la seguridad en las zonas más afectadas.

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¿Qué medidas establece el Decreto 552?

Según el Decreto 552, suscrito el 3 de marzo de 2025, la renovación del estado de excepción abarca las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro, Sucumbíos, además del Distrito Metropolitano de Quito (Pichincha) y el cantón Camilo Ponce Enríquez (Azuay).

Las principales medidas contempladas incluyen:

• Limitación de derechos como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia.
• Restricción de la libertad de tránsito en horarios específicos en determinadas zonas.
• Operativos conjuntos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para combatir a grupos delictivos organizados.

El decreto enfatiza que estas acciones buscan garantizar “el orden público, la paz social y la convivencia pacífica de los ciudadanos”.

¿Por qué se mantiene el estado de excepción?

El gobierno justificó la extensión del estado de excepción debido al recrudecimiento de la violencia en las provincias mencionadas. Reportes oficiales y medios de comunicación han registrado asesinatos de policías, ataques armados y un aumento en los índices de criminalidad.

Un informe del ECU 911 revela que el 69,3 % de las emergencias reportadas entre el 2 de enero y el 20 de febrero de 2025 fueron por problemas de seguridad ciudadana. Además, un análisis de la Policía Nacional indicó que en ciertos cantones el 74 % de las llamadas de alerta ocurren entre las 18h00 y las 02h59, lo que respalda la necesidad de restringir la movilidad en estos horarios.

El gobierno ecuatoriano sostiene que la violencia es perpetrada por grupos armados organizados, quienes han diversificado sus operaciones ilícitas, incluyendo extorsión, secuestro, narcotráfico y tráfico de armas.

El Decreto 552 también menciona que se ha logrado debilitar a estas organizaciones gracias a operativos de seguridad, pero advierte que los grupos criminales siguen adaptando sus estrategias para evadir el control estatal.

Finalmente, el documento ordena notificar esta renovación a la Asamblea Nacional, la Corte Constitucional, la ONU y la OEA, cumpliendo con los protocolos legales establecidos.

¿Qué dice el Decreto 552 de Daniel Noboa?

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