Con cinco votos a favor y dos abstenciones, el Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional, dispuso ayer la suspensión del juicio político a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien la tarde anterior, por medio de un video, informó que se encuentra gestante y solicitó esa medida debido a su “derecho constitucional a tener un embarazo en paz”.

“Mi condición cambia las reglas del juego, reglas que no están escritas, pues no se había contemplado en ninguna norma establecida que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político, con el estrés que este implica”, expresa la funcionaria en la grabación, en la que además explica que hace tres años empezó una “relación maravillosa” con un compañero, con quien hace más de un año decidieron unir sus vidas y “junto a Ana Paula (su hija) formar una familia”.

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Esta situación ha sido calificada como un show por el correísmo, según publicó en X (antes Twitter) la excandidata presidencial Luisa González, quien además cuestionó que la representante del Ministerio Público no solicite licencia por su embarazo, sino que (como lo anunció en su video) siga ejerciendo sus funciones.

De las personas expertas en Derecho consultadas por EXTRA, dos respondieron ante la consulta de las diferencias entre una causa penal y una política, en este tipo de casos. Un jurista se excusó porque califica la decisión del CAL como polémica y prefiere mantenerse al margen.

Valeria Mena, doctora en Leyes, por su parte explica que los delitos comunes tienen sus propios procedimientos y que en estos, las mujeres embarazadas, pertenecientes a un grupo vulnerable, son tratadas como tales; pero aclara que el caso de la “fiscal general es más delicado, en razón de que ella es una autoridad que está bajo la presión del Estado y está embarazada, con amenazas contra su vida”.

Para la experta, por lógica recibirá una mayor consideración, con base en sus derechos constitucionales, pero deja en claro que sí habría “desigualdad, porque en los casos penales no existe ese beneficio como tal e incluso, en la vía judicial, el dilatar el proceso genera un llamado de atención para los sujetos procesales”.

Por otro lado, la jurista Nathalya Salazar explica que la fiscal Salazar tendrá que justificar su situación ante el CAL. Además, detalla que en el ámbito penal, las personas de grupos vulnerables que pueden ser parte de una investigación, o incluso procesadas, gozan también de beneficios en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como las medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

La especialista menciona que así como la fiscal alega el estrés que puede generar una investigación en un juicio político, en lo penal se puede dar la misma situación, bajo el mismo nivel, para una embarazada. Sin embargo, considera que ella podría tener una carga adicional, por las funciones que desempeña.

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