Las víctimas de la masacre ocurrida la semana pasada en la cárcel de Santo Domingo pudieron haber sido más que las 44 que se registraron. Durante esa jornada de violencia, al menos 153 personas privadas de la libertad fueron puestas a buen recaudo, según el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) Pablo Ramírez.

Previo a la riña entre miembros de bandas delincuenciales de Los Lobos y R7 se generaron alertas, reconoció la semana anterior el ministro del Interior, Patricio Carrillo. Al menos 800 se han generado en el sistema en lo que va del año, indica Ramírez. Las alertas van desde cuando un interno sale para recibir atención médica hasta anuncios de posibles amotinamientos.

 En el caso de Santo Domingo el funcionario explica que lo que hicieron internamente es colocar personal entre los pabellones porque se tenía conocimiento que podría existir algún tipo de amotinamiento o riña y con ello tener un control para evitar que las personas privadas de la libertad salgan de los pabellones hacia los otros, dice. 

Ramírez manifiesta que "lastimosamente se tomaron el control, le quitaron las llaves a los agentes y lo que estamos generando es una investigación administrativa interna para generar los protocolos que debían ser seguidos internamente que ya se enviaron conjuntamente con las alertas".

 El objetivo que es determinar por qué ocurrieron los hechos cuando con una anticipación se habría conocido lo iba a ocurrir y debían aplicar un procedimiento distinto de lo que normalmente hacen, comenta.

Según Ramírez, lo que debían hacer los agentes y que no lo hicieron es "determinar el cierre de los pabellones a determinadas horas para que no haya el cruce de un pabellón a otro, se tenía que fortalecer con agentes entre los pabellones, no tenía que tener una sola persona las llaves, sino solo las del pabellón correspondiente". Todas esas omisiones se están investigando internamente.

El funcionario recalca que todo eso cambiará con la aplicación de un nuevo modelo de gestión que anteriormente ni existía y que ya ha sido elaborado. Con ello habrá procedimientos estrictos para quienes incurran en hechos de corrupción a quienes al momento no pueden aplicar sanciones porque los investigados, aún siendo encontrados con las evidencias, consiguen del sistema de justicia medidas cautelares y regresan a sus puestos de trabajo y si han sido separados regresan con acciones de protección concedidas por los jueces.

Ramírez reconoce que entre los agentes existe personal con poca preparación, quizás de meses o semanas y en algunos casos puede ser que ni siquiera recibieron capacitación. Al problema de la corrupción, intimidación y extorsión a los agentes, denunciada en el sistema se suma el déficit de personal que se espera cubrir en los próximos meses. 

A los 1.600 existentes penitenciarios que deben custodiar más 33.000 reos en los más de 35 centros carcelarios de a los 4.000 que se aspira contratar hasta 2023, la clasificación de centros en A, B o C, de acuerdo al número de internos y la desconcentración administrativa en al menos cinco megazonas.

El director del SNAI, Pablo Ramírez, habló de cambios e innovaciones en la selección de los nuevos agentes para evitar que los hechos de corrupción se repitan. Habla de la aplicación de pruebas de confianza, pruebas sicológicas, patrimonio, entre otras.

Las recomendaciones internacionales apuntan a que por cada 10 detenidos en mínima seguridad debería haber un agente penitenciario, en las de mediana seguridad deben ser un agente por cada cinco presos y en los de máxima seguridad tienen que ser un guía por cada tres reos.