Una prueba de ADN se convirtió en la mayor esperanza para los hermanos Quimí Escalante. A través del proceso científico esperan que se logre identificar el cadáver de Leopoldo Francisco, el sexto de 12 hijos, fallecido el pasado 30 de marzo a los 65 años.

El pasado jueves, varios parientes del ciudadano fueron citados al laboratorio de Criminalística de la Policía, en el suroeste de Guayaquil, para que les extraigan muestras y luego cotejarlas con residuos biológicos de los cuerpos que permanecen en el sitio sin identificar.

El deceso de Leopoldo marcó el eje de una cadena de tragedias para la familia, pues en los 16 días posteriores a su muerte, otros dos hermanos murieron; Santiago y Bolívar, el 8 y el 16 de abril respectivamente. Incluso el cadáver del último de ellos también estuvo perdido, pero tras mes y medio de búsqueda se enteraron que fue sepultado.

“Esto fue muy duro para nosotros. Jamás pensamos que esta enfermedad pudiera afectar tanto a mucha gente (…). Leopoldo me veía decaída y se me acercaba a darme comida”, dice Cristina, una de las ñañas de los tres occisos, al recordar lo devastadora que fue para ellos la pandemia.

CLÍNICA EN CASA

Todos los días, la mujer le pide al Creador que Leopoldo, “el amable”, pueda ser encontrado. Sus plegarias las realiza en un esquina de la sala de su casa, donde tiene colocada una escultura de Jesucristo hecha en cerámica, de unos 30 centímetros de alto.

Aquel momento de reflexión se le ha vuelto una costumbre. Poco antes de que muera Leopoldo, también clamaba a Dios, pero para que toda su parentela se reponga de su salud. Muchos tuvieron síntomas del coronavirus, aunque no pudieron hacerse una prueba. Ella sí lo consiguió y se enteró de que estaba contagiada.

La casa que Cristina comparte con cinco de sus hermanos (allí también habitó Leopoldo) parecía una “mini clínica”, según describe. Ella, quien labora como enfermera, ‘frenteó’ al virus y les indicaba a sus allegados qué tratamiento seguir. Dicha profesión pudo concretarla con apoyo de su familiar.

“Leopoldo era amable. Le estoy muy agradecida porque gracias a él, yo terminé mis estudios secundarios para culminar luego mi universidad”, refiere Cristina. Ella también lo recuerda por ser un fanático de EXTRA. Todos los días leía un ejemplar del rotativo.

El solidario ñaño parecía no haberse enfermado, pues iba con la misma vitalidad de siempre a hacer las compras de primera necesidad. Pero la mañana de aquel 30 de marzo, cuando salió a hacer un trámite para una de sus dos hijas, se desplomó inesperadamente en las calles Capitán Zaera y Bolivia, a pocas cuadras de su domicilio, perdiendo la vida inmediatamente.

“Mis hermanos fueron hasta allá y querían traerlo, pero la Policía no los dejó (…). Decían que fue por Covid-19, pero él se cayó. Tenía la pierna flexionada. Él era epiléptico y ya había tenido caídas anteriores”, comenta Cristina.

Por si tan doloroso hecho no fuera suficiente, Santiago, uno de los seres queridos que acudió a ver qué ocurrió con Leopoldo, empezó a toser, a perder el apetito y sentir un malestar general hasta perder la vida una semana después.

El cuerpo de Santiago fue enterrado sin inconvenientes. Pero a Bolívar, el último fallecido de los Quimí Escalante, lo buscaron de hospital en hospital y de cementerio en cementerio sin éxito. Finalmente, su nombre apareció en la lista de personas sepultadas por el Gobierno en el cementerio de Pascuales.

RESULTADOS TARDARÍAN UN MES

Cristina indica que cuando la Policía los convocó a Criminalística, les dijeron que iban a “tomarles pruebas de ADN y de sangre”. Un proceso similar que les ha tocado seguir a otras familias en similar situación y que está a cargo del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El martes reciente, los parientes de varios ciudadanos desaparecidos o identificados hace poco, mantuvieron una reunión en la Defensoría del Pueblo para conocer cuáles serán los protocolos a seguir, tanto para sepelios como para reconocimientos de cadáveres. En la cita también participaron por vía online Freddy Herrera, coordinador técnico de servicios de Medicina Legal y Miguel Moreno Rojas, antropólogo forense de Medicina Legal de la Policía Nacional.

Moreno explicó que para el reconocimiento de cuerpos se vienen aplicando tres métodos. El primero consiste en comparar la huella dactilar del cadáver con la registrada en la cédula emitida en el Registro Civil. El segundo proceso implica realizar estudios antropológicos de la persona a identificar, a través de rasgos físicos como la forma del rostro, de las orejas, del cabello, de las piezas dentales, entre otros.

“No se identifica a una persona por la vestimenta. Nosotros sabemos que un modelo de camisa puede ser muy común”, dijo el experto. Finalmente, de no tener éxito en los pasos anteriores, se aplica un examen de ADN, que debe ser autorizado por un fiscal.

Agregó que han presentado tres informes a la Fiscalía de cuerpos ya identificados, para que la entidad emita la orden de liberación de los cuerpos. “En este momento los cuerpos están en unos congeladores a menos 20 grados centígrados. Las funerarias tienen que ser las que reciban los cuerpos a través de una cadena de custodia”, explicó.

En tanto, Herrera mencionó que pueden recibir hasta 13 familias por día para la toma de muestras para ADN. Los resultados de dicho análisis tardarían alrededor de un mes.

Además, próximamente se elaborará un cronograma con las fechas y horas de entrega de los cuerpos ya reconocidos a sus familiares. En promedio, entregarán de 8 a 10 cadáveres diarios, según Herrera. “El servicio exequial es el que se va encargar de abordar el cadáver, no debe existir contacto con los familiares”, informó.

El funcionario dijo que el Estado se encargará de sepultar a las personas fallecidas cuyos familiares así lo soliciten, al no tener las posibilidades de hacerlo por su cuenta.

ACCIÓN DE PROTECCIÓN GANADA, PERO NOTIFICACIÓN TARDÓ

El pasado 26 de junio, la Defensoría del Pueblo recibió una sentencia a favor ante una acción de protección que interpuso ante la justicia en favor de los allegados de ciudadanos con cuerpos sin encontrar. El dictamen estipula, entre otras cosas, la atención psicológica del Ministerio de Salud para los afectados, la realización de un informe (a presentarse en un lapso de 10 días) con el detalle de los restos no identificados y la publicación de disculpas públicas en un diario de Guayaquil por parte de las instituciones implicadas en la vulneración de derechos constitucionales.

NÚMERO DE RECONOCIDOS

Según Mirelli Icaza, delegada en Guayas de la Defensoría, al momento han sido identificados 20 cuerpos y otros 16 en cambio faltan por reconocer.

Refiere que hay otro grupo de 40 familias afectadas que no formaron parte de la acción de protección y que en 16 de esos casos se reconoció a los fallecidos. Es decir, en total, 40 personas no han sido reconocidas.

En la cita efectuada el martes, la Defensoría elaboró una lista con las personas que requieren la ayuda del Gobierno para sepultar a sus parientes. También se armó otro listado con las especificaciones de los ciudadanos cuyos allegados no han sido identificados y el paso de reconocimiento en el que se encuentran.

La toma de pruebas para realizar exámenes de ADN inició el pasado lunes y se atiende a 13 familias por día.