El excontralor Carlos Pólit dispondrá del tiempo necesario para considerar algún negocio exitoso como opción, en caso de que sus cuentas o ahorros se hayan visto afectados tras el juicio en EE. UU. Fue condenado a 10 años de prisión por el delito de lavado de activos.

Un jurado de ciudadanos estadounidenses lo declaró culpable de seis cargos, incluyendo conspiración para cometer lavado de dinero y participación en transacciones con bienes adquiridos de manera ilícita. Él era el funcionario de alto rango encargado de auditar las cuentas del gobierno correísta.

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La justicia de Estados Unidos concluyó que Pólit recibió $16.5 millones en sobornos: $16 millones de Odebrecht y $500 mil de Diego Sánchez, un empresario de seguros y reaseguros en Ecuador, quien testificó en su contra.

La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Departamento de Seguridad de EE. UU. localizó 12 propiedades vinculadas a Pólit, sus familiares, empresas y personas de su entorno, cuyo valor total asciende a $9 millones. Esta información se reveló durante el juicio.

Durante el juicio, se han mencionado cifras millonarias, destacando los $14 millones que la defensa de Carlos Pólit presentó. Esta cantidad, que consiste principalmente en bienes inmuebles a nombre de sus hijos y otros familiares, fue utilizada para que él pudiera seguir en libertad durante el proceso. Tal cifra ha generado escándalo en diversos sectores de la sociedad ecuatoriana.

El origen de esta fortuna ha suscitado numerosas interrogantes, ya que está asociada a empresas que poseen parte de las propiedades mencionadas en el juicio, las cuales la Fiscalía busca decomisar, además de esclarecer el destino de los sobornos detectados por la justicia estadounidense. Por otro lado, en el ámbito privado, Pólit y sus hijos han sido registrados como participantes de la empresa Polet S. A., una entidad que funciona como tenedora de activos de un grupo de empresas filiales en Ecuador.

En el ámbito público, Pólit tuvo una larga trayectoria en la Contraloría. Antes de asumir ese cargo, se desempeñó como Secretario General de la Presidencia y Gobernador del Guayas durante el gobierno de Lucio Gutiérrez.

Carlos Pólit, a quien el entonces presidente Rafael Correa calificó como el "contralor 100 sobre 100" en un acto público, llegó a la Contraloría en febrero de 2007. Fue parte de una terna enviada por el antiguo Congreso Nacional para que el jefe de Estado eligiera. Correa realizó la selección, justificando su decisión al señalar que, aunque los candidatos eran cercanos a Sociedad Patriótica, debía elegir a uno según lo establecido por la Constitución de la época.

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Desde febrero de 2007 hasta marzo de 2017, Pólit estuvo a cargo del control de las cuentas del Estado. Debido a sus altas responsabilidades, que deberían haberse llevado a cabo con eficiencia y honestidad, inicialmente recibió un sueldo de $5,160, según los registros de la Contraloría. En 2008 y 2009, su remuneración se ajustó a $4,800, y en 2010 aumentó a $5,280. Al año siguiente, su salario fue de $5,808. Entre 2012 y 2015, Pólit percibió un sueldo de $6,122, y en sus últimos dos años, este se redujo a $5,510.

Durante esos diez años, el contralor, a quien Correa describió una vez como "simpatiquísimo", acumuló una pequeña fortuna en salarios, aproximadamente $700,000, sin contar los décimos terceros y cuartos sueldos. Esta cantidad es inalcanzable para un ciudadano que percibe el salario básico unificado de $460, ya que tendría que trabajar durante 127 años, superando la esperanza de vida de un ecuatoriano, que es de hasta 80 años.

Desde diversos sectores de la sociedad civil se está analizando la situación de bonanza que experimentó Pólit, así como las inconsistencias en sus reportes de bienes y las deficiencias de un sistema de control que parece ser solo una fachada, similar a los escenarios de las producciones de Hollywood.

"El caso de Pólit demuestra la ausencia de valores éticos, una amoralidad a toda luz y a toda prueba. Son personajes que no tienen ningún tipo de formación en cuanto a probidad y que lo que son transfugas de la política al servicio del mejor postor. Terminan siendo empleados de la corruptela y luego promuven la corrupción", así describe Germán Rodas Chaves, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), la conducta del excontralor.

En 2017, miembros de la comisión fueron condenados a un año de prisión por la jueza Karen Matamoros en un juicio que Pólit impulsó tras las denuncias ciudadanas sobre sobreprecios e irregularidades en las obras de la central Manduriacu y en la adquisición de terrenos en El Aromo, Manta, donde debería estar ubicada la Refinería del Pacífico.

"Los recursos que llega a tener Pólit, que son inmensos, demuestra que estuvo en niveles importantes de acumulación de fortuna, aprovechando las circunstancias y que aún de lo que se conoce seguirá siendo, de alguna manera, una parte del entramado. Esto lo digo porque el tema de Odebrecht es mucho más grande de lo que hasta este momento sabemos", afirma Rodas.

"Es claro que el patrimonio que tiene Carlos Pólit no es consecuente con el salario que él percibía acá y que también se consignaba en sus declaraciones juramentadas", indica Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.  

Según Espinel, esta primera observación revela dos aspectos: "La una es, sin duda, un posible caso de enriquecimiento ilícito, más allá de los casos por los cuales actualmente está siendo sentencia en Estados Unidos y que lamentablemente en Ecuador no se ha investigado. Por otro lado, se pone en evidencia que el mecanismo de control, que tiene la Contraloría General del Estado al respecto del patrimonio de los funcionarios públicos, es ineficiente, porque seguramente esto no será únicamente el caso de Carlos Pólit".

"Si se busca, se encuentra", dice un conocido refrán, lo que sugiere que podría haber una red de funcionarios ocultando su verdadero patrimonio, comenta el subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo.

Irma Jara Íñiguez, docente investigadora y experta en transparencia e integridad pública, propone un fortalecimiento del sistema de revisión que utiliza el organismo de control para identificar riesgos potenciales en las declaraciones patrimoniales.

"El sistema de análisis de declaraciones patrimoniales juradas debería tener un enfoque que diferencie esos tipos de análisis que, identificando el riesgo, tenga mecanismos con una mayor transparencia y también participación de funciones o sectores independientes", señala la docente.

Profundiza: "Autoridades del SRI, de la UAFE, pues obviamente son designadas por el Ejecutivo. En el caso del Contralor, se hace un concurso, pero al tener un sistema hiperpresidencialista, sin duda alguna, dentro de ese proceso de selección, pues también puede existir una incidencia del Ejecutivo. Entonces qué nivel de independencia puede existir entre los servidores subordinados que realizan estos controles (declaraciones) con relación a la máxima autoridad de la cual dependen, en este caso el contralor".

Esta es solo una de las preguntas que deben considerar los legisladores y el gobierno actual si realmente desean establecer protocolos transparentes que beneficien la institucionalidad y la democracia del país, concluye Jara.

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