La esposa de Henry Altamirano, uno de los 34 asesinados en la cárcel de Turi, en Cuenca, esperaba afuera del Centro Forense... “Vengo de Loja. Por un video en las redes sociales identifiqué a mi marido. Es al que le cortaron la cabeza”, aseguraba la mujer.

Ella exigía que le entregaran el cuerpo de Altamirano. Pero el proceso, durante la mañana de ayer, fue doloroso y engorroso. Mientras tanto, la señora, quien prefirió no identificarse, contó que apenas el domingo estuvo con su pareja durante una visita. No asimilaba la brutalidad del hecho.

No era la única. Allegados de los otros privados de libertad fallecidos –durante los amotinamientos simultáneos en el Centro de Rehabilitación Social (CRS) de Turi y otros tres reclusorios más– iban llegando de otras provincias. Llanto. Miradas perdidas. Frío.

Agentes de la Policía resguardaban la zona. Y también daban información sobre la identificación de los cadáveres. Aseguraban que en la tarde continuarían con los procedimientos de autopsias.

A unos pasos de allí, sentada sobre una piedra, aguardaba María Eugenia, madre de Juan Jácome, otra de las víctimas. “Somos de Quevedo”, decía mientras se cubría el rostro empapado de lágrimas.

Entonces contó que Juan se comunicó con ella a las 09:40 del martes. La última llamada. La estocada. La despedida. “Mamá, perdón por tu sufrimiento. Dame la bendición, nos quieren matar y están entrando a las celdas”, le habría dicho. ¡Y pum! Se cortó para siempre la línea.

Juan llevaba internado en Turi desde hace un año y 15 días. Su progenitora no dijo el motivo, pero sí atinó a confesar que fue ocho días atrás que los vio en una visita.

Cerca estaba Mariano Mantilla, hombre que viajó desde Santo Domingo de los Tsáchilas para reconocer y llevar los cuerpos de un hermano y un sobrino.

Y luego llegaron más. Y más. Muchos coincidían en que habían recibido una llamada horas antes de la masacre. Pedían auxilio. Les decían supuestamente que querían matarlos con amoladoras y sierras sacadas del taller.

Por su parte, el fiscal provincial de Azuay, Leonardo Amoroso, explicó que de los 34 cuerpos, muchos habían sido mutilados. Auguró que el proceso de reconocimiento sería largo y que solo con la autopsia se podría determinar las armas que utilizaron los autores del hecho.

La investigación será también larga. Los internos al parecer se niegan a hablar, añadió Amoroso, tras indicar que los 21 reos restantes del bloque de máxima seguridad (donde ocurrió la matanza) y que se hallan con vida, han sido trasladados a otros centros penitenciarios.

El terror

“Fue espeluznante, macabro, doloroso”, dijo una mujer que estuvo visitando a uno de los reclusos cuando ocurrió el hecho. “Nadie podía hacer algo para evitar la masacre”, agregó sin poder salir del shock.

El coronel en servicio pasivo del Ejército y experto en seguridad, Armando Benítez, considera que en los centros penitenciarios del país existen decenas de grupos delictivos que forman parte de la red de crimen organizado nacional e internacional.

Entre los detenidos hay extranjeros vinculados con el narcoterrorismo, y con ello realizan su accionar desde las cárceles, no solo de Colombia, sino también de Venezuela y la ‘Triple frontera’, explica. Cree que las evidencias son vendettas internas y actualmente los amotinamientos con fines estratégicos.