En redes sociales circularon las imágenes donde se puede ver a agentes policiales y una retroexcavadora afuera de un inmueble ubicado en las calles Eustorgio Salgado y Armero, en Miraflores, norte de Quito. El sitio se denomina Okupa Meztizx. “La gente permanece adentro sin abrir puertas. Se necesita urgente presencia y solidaridad en el lugar”, se lee en una publicación en la que solicitaban que se agrupe gente para evitar el desalojo.

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En efecto, algunos denominados activistas llegaron a la puerta de la casa para protestar. Allí también se encontraba Jhonny Andrade, abogado representante de los dueños de la casa, y explicó que las personas que la habitan entraron sin permiso desde hace tres años. “Son gente indigente. He pedido la colaboración de todas las autoridades para que salgan de la casa”, comentó.

Agregó que esa era una vivienda familiar, pero se fueron a vivir a Estados Unidos en 1998. “Tengo las escrituras, los pagos, los certificados de gravamen que certifican que la casa no les pertenece”, aseveró el abogado.

Sin embargo, no existiría una orden judicial. “Yo haré una orden de servicio en donde va a constar que se va a proceder al derrocamiento”, comentó. Se espera que esa documentación esté lista hasta el viernes 31 de enero.

Por su parte, la Agencia Metropolitana de Control (AMC) corroboró que “el dueño del predio tiene orden de desalojo y demolición” y que luego de la inspección se determinó que el inmueble está ocupado por personas en situación de calle.

“Habitantes de buena fe”

Diana León, de asesoría regional de Derechos Humanos, dijo por su parte, que la orden con la que llegó el abogado es “un simple acto de administración para el derrocamiento de escombros y demás de la vivienda”.

Apuntó también que solicitaron a los miembros de la fuerza pública que eviten el ingreso al domicilio ya que entre 10 y 20 personas “están posesionadas de buena fe”. Entre los que están menores de edad. “El derrocamiento sería una total ilegalidad y una completa violación de derechos”, insistió.

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