Dos guías penitenciarios y ocho privados de libertad fueron procesados por el delito de terrorismo, al ser sospechosos de participar en los actos violentos ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, el martes 3 de diciembre de 2024. Aquel día se escucharon estruendos en el interior de la cárcel guayaquileña, que correspondieron a los estallidos de tres granadas.

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Nueve internos del centro carcelario, un guía penitenciario y un militar resultaron heridos a consecuencia de ese atentado. El hecho, además, generó temor a un grupo de familiares de reos, pues estaban en los exteriores del reclusorio en el momento de la bulla.

Posteriormente, el coronel Pablo Dávila, jefe policial de la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), indicó que la situación estaba controlada y que ya tenían identificados a los implicados en estos actos.

Según un comunicado de la Fiscalía, la novedad inició en el pabellón 3, desde donde se lanzaron granadas al pabellón transitorio, en el que se encuentran 10 reos sobrevivientes de la masacre del 12 de noviembre, en el mismo centro penitenciario.

"De acuerdo con las versiones recabadas, los atacantes serían integrantes de la organización delictiva denominada Los Duendes, que opera dentro del recinto carcelario", refirió la institución en su publicación.

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¿Qué medidas se dictaminó contra los procesados?

En la audiencia efectuada contra los ocho privados de libertad y los dos guías penitenciarios, el fiscal del caso presentó como elementos de convicción el parte informativo y de aprehensión, informes y certificados médicos de los heridos, indicios y evidencias recolectados en el centro penitenciario, entre otros.

El juez a cargo de la audiencia dictaminó que los presos implicados se mantengan con prisión preventiva. Mientras que para los guías penitenciarios dispuso medidas sustitutivas a la encarcelación, específicamente la prohibición de salida del país y la presentación semanal en la Fiscalía.

El plazo de la instrucción fiscal para este caso está fijado para 30 días de duración, tiempo en el cual la Fiscalía recabará todas las pruebas que relacionen a los implicados con el hecho delictivo. 

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