Este domingo 22 de diciembre de 2024, la Asamblea Nacional no solo convocó a autoridades de seguridad del Estado en relación con el caso de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil, sino que también presentó un amicus curiae en la causa legal iniciada por los padres de los niños. 

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A través de un comunicado, el Legislativo informó que se había sumado a la acción de habeas corpus propuesta por los familiares de los menores, Luis Eduardo Arroyo, Katty Bustos, Ronny Alexander Medina y Silvana Lajones. Esta acción legal busca que las autoridades competentes lleven a cabo una investigación exhaustiva para localizar a los menores con vida.

El comunicado señaló que el Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil había presentado la acción de habeas corpus en conjunto con los padres, solicitando que el caso se investigue como una desaparición forzada y no solo como un presunto secuestro. Además, se pidió que todas las acciones emprendidas por el Estado para localizar a los niños sean informadas de manera transparente a los familiares.

Convocatoria al pleno de la Asamblea Nacional

El mismo día, la presidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, convocó para el 23 de diciembre de 2024, a las 12:30, a varios altos funcionarios del gobierno, entre ellos el ministro de Defensa, Giancarlo Loffredo; el defensor del Pueblo, César Córdova; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela; y el comandante general de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), Celiano Cevallos. El objetivo de esta convocatoria es que los funcionarios informen al Pleno sobre el caso de la desaparición de los menores Josué Arroyo, Ismael Arroyo, Saúl Arboleda y Steven Medina.

El caso de los cuatro menores desaparecidos

La desaparición de los menores en Guayaquil ocurrió el 8 de diciembre de 2024, un hecho que ha causado gran conmoción en el país. El caso ha generado una serie de cuestionamientos hacia las Fuerzas Armadas de Ecuador. Según el testimonio del padre de dos de los adolescentes desaparecidos, los niños fueron interceptados, junto con otros menores de 15 y 11 años, por individuos vestidos con uniformes militares. Estos sujetos los subieron a dos vehículos. Posteriormente, los familiares recibieron una llamada anónima en la que se les informó que los menores habían sido vistos golpeados y desnudos en la zona de Taura. Sin embargo, al llegar al lugar, no lograron encontrar a los niños.

Movilización por justicia y transparencia

El caso sigue siendo un tema central en el debate público, con la ciudadanía y diversas organizaciones sociales exigiendo justicia, transparencia en las investigaciones y respuestas claras por parte de las autoridades. El caso de los cuatro menores continúa siendo un símbolo de la lucha por los derechos humanos y la protección de los niños en Ecuador, especialmente ante la posibilidad de que se trate de una desaparición forzada, un delito grave que requiere atención inmediata y acciones concretas para esclarecer lo sucedido.

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