La desaparición de los cuatro de Las Malvinas plantea una pregunta crucial sobre el futuro de las Fuerzas Armadas: ¡qué dirección debe tomar la institución tras este impactante suceso? Esta interrogante se vuelve aún más urgente al saberse que 16 de sus miembros están bajo sospecha por su posible implicación en las desapariciones. Sin embargo, dos expertos en temas militares advierten que, a pesar de la polémica, la institución no debe desviar su atención ni su lucha contra el terrorismo, un desafío que sigue siendo una prioridad para la seguridad nacional.

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A Ismael, Josué, Steven y Nehemías -de 15, 14, 11 y 15 años respectivamente- no se los ha vuelto a ver desde el 8 de diciembre de 2024. Esa noche fueron retenidos por personal militar cerca de un centro comercial, en el sur de Guayaquil, y llevados en una camioneta por los uniformados.

Desde entonces, sus padres han emprendido una búsqueda incansable, exigiendo también respuestas a la institución, de la mano de la justicia.

El 31 de enero se realizará la audiencia de formulación de cargos contra los 16 integrantes de las Fuerzas Armadas, quienes mientras tanto permanecen custodiados por oficiales y personal de inteligencia militar, “con la finalidad de eliminar en su totalidad cualquier riesgo de fuga”, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

Examinar errores, pero seguir en la lucha contra terroristas

José Luis Castillo, general en servicio pasivo del Ejército ecuatoriano y docente universitario, comenta que, durante una operación militar, pueden existir errores y pone de ejemplo el caso de los niños.

También recalca que cada patrulla militar debe estar al mando de uno de los uniformados. “Él es el responsable de lo que haga o deje de hacer su personal y él es el que toma las decisiones para actuar en determinado momento”, explica.

Asimismo, enfatiza que la patrulla tiene que salir con una orden de operaciones, en la cual deben estar detallados qué procedimientos realizarán, en dónde se llevarán a cabo, en cuánto tiempo, entre otros aspectos.

Aclara que el caso de la aprehensión de los menores fue una situación fortuita, ante la cual los uniformados actuaron por una supuesta alerta de robo a una mujer. Sin embargo, en su opinión, se pudo tomar otras decisiones luego de la retención.

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“Una opción era entregarlos a una unidad de policía más cercana, o entregarlos a la unidad de flagrancia de la localidad y elaborar el parte militar de la aprehensión (...). De lo que vimos, deciden trasladarlos a la unidad de su jurisdicción (base aérea de Taura), donde ellos estaban acantonados”, analiza, también puntualizando que estos casos deben ser inmediatamente puestos en conocimiento de los superiores.

“En teoría, se estaban dirigiendo hacia la base de Taura, pero deciden liberarlos y ahí comienza el problema porque, de lo que se sabe, estos chicos fueron despojados parcialmente de su ropa, son liberados en un área a la cual ellos no pertenecían, quedan descuidados. Sí, se cometieron omisiones, por eso es que se va a realizar un tribunal de disciplina para juzgar la posible falta de tipo militar, que no los exime de que sean juzgados penalmente”, puntualiza.

En su criterio, la institución ahora debe examinar los errores cometidos en el caso, para que no vuelvan a ocurrir. Pero este episodio no debe frenar la lucha que mantienen los uniformados en el contexto del conflicto armado interno. Más bien, deben tener entrenamientos con mayor frecuencia, a fin de tener claro cómo actuar durante sus operaciones.

Estrategia para socavar el sistema estatal

Mario Pazmiño, experto en seguridad y coronel en servicio pasivo del Ejército, coincide con Castillo en que los menores de edad debieron ser llevados a una unidad policial más cercana y no a un sector tan distante. Igualmente, cuestiona que luego se los haya dejado libres.

“Los miembros de la patrulla, una vez que detienen, no tienen la potestad de un fiscal o juez para liberar a las personas, se tiene que seguir un proceso”, recalca.

Sin embargo, considera que señalar que los militares que actuaron en el procedimiento incurrieron en una desaparición forzada, no se apega a la realidad.

“Para que sea una desaparición forzada tiene que haber dos condiciones: que no se pueda localizar a las personas desaparecidas y no se pueda ubicar el lugar donde están. Esas dos causales se derrumban en el momento en que los muchachos toman contacto con una persona en el sector de Taura, que les facilita un teléfono y mandan la ubicación de donde se encuentran para que los vayan a rescatar”, argumenta.

Según Pazmiño, luego de cada operación militar hay una reunión para analizar y hacer una crítica de la misma. Entonces, supone que eso debió haber pasado luego de los hechos con los menores y se tendría que haber reflexionado que las acciones ejecutadas no fueron las correctas.

Después del suceso, que se mantiene en investigación, Pazmiña indica que las Fuerzas Armadas deben apuntar a realizar correcciones a los procedimientos.

“Si hay una captura o se va a realizar una, tiene que llamarse al oficial superior y decirle, para que les diga que procedan y les indique a dónde tienen que llevar a las personas, con un acta de entrega de detenidos, una firma y luego retornar con un parte informativo”.

Enfáticamente también dice que, a partir del caso, se está tratando de posicionar en el pensamiento ciudadano la idea de que las Fuerzas Armadas son represivas. Y eso, asegura, es una de las prácticas utilizadas para destruir el sistema estatal. 

Transparentar los procesos

Diego Pérez Enríquez, doctor en Ciencias Políticas y docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), sostiene que las FF. AA. deben ser transparentes, explicando cómo se tomaron las decisiones, quiénes las tomaron y asegurando que la cadena de mando asuma las responsabilidades correspondientes.

Además, subraya la necesidad de una capacitación adecuada dentro del marco del estado de derecho. “Todas las instituciones, independientemente de las circunstancias, deben operar dentro de los límites legales. Incluso en tiempos de guerra, la Convención de Ginebra sobre el derecho de la guerra establece restricciones claras”, recuerda.

Finalmente, destaca la importancia de una depuración interna, garantizando la transparencia en los procesos y definiendo con claridad los alcances de la acción institucional.

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