El certificado de defunción de Leovigildo Villegas explica que la causa de su muerte fue un “paro cardíaco, no especificado” como consecuencia de “enfermedad respiratoria aguda”. El 26 de marzo de 2020, cuando fue ingresado de emergencia al hospital Efrén Jurado López, de Guayaquil, era un paciente sospechoso de COVID-19. Murió al día siguiente, pero su cadáver fue devuelto a sus familiares seis meses después, en septiembre.

¡Cinco meses sin poder enterrar a sus muertos!

De acuerdo a Jorge Carriel, galeno guayaquileño radicado en España y quien es el subdirector médico del hospital para pacientes COVID Isabel Zendal, de Madrid, el que no se llevase un registro minucioso sobre los fallecimientos repercute significativamente en la asignación de recursos para paliar la pandemia.

“En países como España, a partir de los diagnósticos que se realizan en los hospitales, se genera una base de datos. Un centro que no conoce lo que está tratando está yendo a ciegas prácticamente”, explicó, al tiempo que aclara que el problema no solo es de gestión, sino también ético.

Gustavo Zárate, director general del Servicio Forense de Medicina Legal, confirmó a EXTRA en entrevistas pasadas que durante los primeros meses de la pandemia no se hacían pruebas ni autopsias a los fallecidos con sospechas de COVID-19. Es decir, no había cómo cuantificar la dimensión real del virus.

“Desde el punto de vista médico esto es muy poco ético. Saber las causas por las que fallece un paciente es algo que forma parte del proceso de diagnóstico y atención médica. De hecho, muchas veces en los pacientes que no se conoce la causa se debe hacer autopsias. Si había una alta sospecha clínica de la enfermedad, en el certificado debía ponerse que la muerte tenía una altísima sospecha de COVID”, reitera.

Fue lo que le ocurrió a Johanna Carpio, que está convencida de que su tío William murió por el coronavirus el 2 de abril del 2020, en una cama del hospital del Guasmo Sur de Guayaquil. Nunca se lo confirmaron, pero engrosó la lista de fallecidos por paros cardiorrespiratorios que, por ese tiempo, eran recurrentes, sin especificar lo que lo había provocado. Otro error de gestión que recalca Carriel.

Solo en Guayas, entre 2019 y 2020, los certificados de defunciones se duplicaron. En esa provincia, a cuyos paisajes se añadieron ataúdes en las calles, en 2019 se emitieron 21.342 documentos y, en 2020 fueron 38.453.

No obstante, aunque se haga una operación matemática y estadística básica, las cifras de fallecidos en el país no terminan de cuadrar. De acuerdo al Comité de Operaciones de Emergencias (COE) Nacional ha dejado 16.240 muertos, entre sospechosos y confirmados por el virus hasta el 15 de marzo pasado.

De acuerdo al analista de datos Carlos Oporto, quien ha estudiado la evolución de las cifras que ha arrojado la pandemia, todos los años fallece un promedio parecido de personas que podría aumentar hasta un 3%. Promedio que, en total, hubo un exceso de muertes de 40 mil personas en 2020.

Si este hubiese sido un año regular habría fallecido un promedio de 76 mil personas. Si a esta cifra se suma el número de decesos relacionados a la COVID hasta el 31 de diciembre de 2020 (14.034), daría un aproximado de 90 mil, como año de pandemia. Sin embargo, aun así, queda ‘suelto’ un excedente de más de 24.700 fallecidos en 2020.

La irregularidad que Oporto explica en cifras, Carriel lo traduce en que ese aumento de víctimas mortales pudo deberse también en las fallas que se presentaron en el sistema de salud el año pasado: hospitales llenos, falta de camas, irregularidad en los servicios de salud que pudo afectar a otros pacientes con enfermedades crónicas.

“Esto fue estudiado en otros países y se determinó que una de las consecuencias de la primera ola de la pandemia fue que se retrasó el diagnóstico de enfermedades catastróficas, como el cáncer, en más de seis meses. O gente que tuvo diabetes o hipertensión mal controlada y terminó infartándose”, precisó.

Para Oporto, el manejo inadecuado de los datos de fallecidos en la pandemia es algo que no tiene arreglo. “Lo que hubo aquí fue tratar de minimizar la pandemia, decir que ‘no fue tan grave’. No me da otro indicador para que las variaciones sean tan grandes. Vimos muertos en las calles, construimos dos cementerios (en Guayaquil). Es terrible porque son datos que ya no vamos a poder recuperar”, lamentó.

Para Oporto, el manejo inadecuado de los datos de fallecidos en la pandemia es algo que no tiene arreglo. Y otro inconveniente que avizora, de no aprender de los errores, es en el proceso de vacunación. “Si el país sigue vacunando a un ritmo como el que lo está haciendo hasta ahora terminaríamos el proceso en 16 años”, calculó.

Detalló que, actualmente, se está suministrando un aproximado de 4.000 dosis diarias. “Esta es la velocidad actual de la última semana, pero cuando se aumenten las dosis que lleguen, esperemos que se vaya reduciendo el tiempo de vacunación. Más o menos el cálculo es que se tienen que suministrar 160 mil dosis diarias para que la población esté vacunada en un año. No sé qué tanto el país pueda lograrlo”, detalló.

Carriel apunta a que este es un desafío para el nuevo gobierno, porque el proceso de vacunación tiene que darse con la mayor celeridad posible para lograr la inmunización lo más pronto.