Mayra Salazar abandonó el país el viernes por la tarde. Luego de testificar en los casos Metástasis y Purga, que tenían 'secuestrada' a una parte de la justicia del país.

Por su colaboración fue incluida en el programa de protección a testigos del Estado, tras señalar que Pablo Muentes era quién dirigía esta estructura criminal.

Muentes, junto a los exjueces Fabiola Gallardo y Johann Marfetán (condenados a 13 años de cárcel), el trabajo de Salazar fue de manipular los sorteos de juicios para garantizar que los casos fueran asignados a jueces aliados.

¿Cómo son estos procesos para los testigos protegidos?

Rodrigo Braganza, expolicía y especialista en operaciones especiales y seguridad, explicó a este EXTRA que quienes proporcionan información clave para la captura de criminales de alto nivel quedan bajo la tutela del Estado.

“Se les realiza un análisis de riesgo para identificar vulnerabilidades, incluyendo su círculo íntimo: pareja, hijos, padres. Al estar vinculados familiarmente, también pueden ser blanco de represalias”, señaló Braganza.

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Según el experto, la seguridad de estos testigos debe ser equiparable a la de altos dignatarios, como ministros o incluso presidentes, dado que su testimonio puede haber sido crucial para desarticular organizaciones delictivas de gran alcance.

Antes de su reubicación, se analizan las zonas de mayor riesgo para que las eviten. Además, se establecen protocolos y normas de seguridad que tanto el testigo como su familia deben seguir estrictamente. “Si no cumplen con estas medidas, ellos mismos ponen en riesgo su protección”, advirtió.

Pese a todas las precauciones, el peligro nunca desaparece por completo. “En ningún lugar del mundo la seguridad está garantizada al cien por ciento”, concluyó Braganza.

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