Banquetes, reuniones familiares, regalos... son la ‘cara bonita’ de diciembre. Pero este mes también desvela con más fuerza el hambre infantil. Sí, ya pasaba antes: cuerpos escuálidos, sedientos; en 2020, sin embargo, la pandemia parece haber acentuado aún más esos lamentos silenciosos. Y las madres, que antes hallaban cobijo en los 180 Guagua Centros de Quito –cerrados en julio pasado–, hoy solo deben resignarse a un futuro que ‘languidece’ de a poco.

Uno de cuatro niños menores de 5 años sufre desnutrición en Ecuador, según Unicef. Ángel, el hijo de Libia Cruz, lojana de 41 años, engrosaba las estadísticas. Durante 48 meses, el pequeño debió batallar contra aquel cuadro. Su madre lo ayudaba. Pero, además, contó con el apoyo de los trabajadores del Guagua Centro al que iba. Allí, como si fuera una guardería, aprendía, comía, dormía, jugaba... pero, entonces, llegó la emergencia sanitaria...

Suspendieron las actividades, con razón justificable: la seguridad de los niños. Meses después, cerraron definitivamente. Dice Gabriel Mier, director jurídico del Patronato San José, entidad encargada del proyecto, que el convenio que existía entre la Alcaldía y los representantes de los Guagua Centros, gratuitos para los niños, se terminó. Se extinguió. Murió.

Empleados y unos 7.000 niños quedaron fuera del programa, de un ‘segundo hogar’ que los acogía desde las mañanas, cuando sus padres iban a trabajar, hasta la tarde. “Fue un golpe duro”, asiente Libia, sentada en la sala de su casa, en Pisulí, norte de la capital. Desde allí insisten en la importancia de estos lugares para los más pequeños. Ángel fue prematuro, lo que le causó desnutrición. Las citas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social eran frecuentes.

Al tiempo, Libia laboraba cuidando a un adulto mayor. Dejaba al niño, con su uniforme verde, en la guardería. Y se iba tranquila. Sabía que allí pintaba, reconocía figuras geométricas y, sobre todo, comía cuatro veces al día. Ahora es un recuerdo.

Hasta 2018, en los centros se atendieron a 11.250 menores de edad en situación de vulnerabilidad, señala el Municipio de Quito. En ese entonces, según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), más del 91 % de los niños que tenían anemia la superaron y el 72 % de los niños con desnutrición crónica mejoraron su condición de salud.

Mier reconoce que el proyecto, que nació en 2014, contribuyó a la reducción progresiva de la tasa de malnutrición de las niños y niñas usuarios. “Los cambios en los números son evidencia de la atención proporcionada por el centro y del fortalecimiento en las conductas de cuidado paternal y maternal”, indica.

Tatiana Castro, representante de las directoras de los Guagua Centros, cuenta que ayudaban a gente de escasos recursos, generalmente a madres como Libia. A más de la educación, la comida era vital. “Muchos niños solo comían en nuestros centros. Cuando salían, iban a su casa a dormir”. Sin embargo, con el cierre, “la desnutrición de estos grupos volverá... ellos serán los futuros quiteños desnutridos, porque en las primeras etapas de la infancia se debe controlar este aspecto importantísimo”. Y no será todo.

Los padres, al no tener dónde dejar a sus hijos, los llevarán con ellos, lo que podría traducirse como trabajo infantil. O los dejarán con desconocidos. O los dejarán solos. O los dejarán.

Libia, que ha corrido con más suerte, inscribió a su hijo en clases iniciales en una institución particular. Un gasto adicional que debe afrontar con el sueldo. Pero, además, el niño extrañará la comida recién hecha que le daban en el Guagua Centro, pues hoy debe alimentarse con lo que su madre le prepara en la mañana para el resto del día.

Otra problemática

Carlos Chanataxi vive con su hijo Jean Carlos, quien tiene síndrome de Down. El menor acudía al Guagua Centro de Conocoto, sur de Quito, uno de los pocos que atendía a niños con discapacidad. “Soy de escasos recursos y no tengo dinero para pagar las terapias. En la guardería me ayudaban mucho con eso”, lamenta Carlos, quien ahora trabaja como oficial de una construcción.

Por la crisis y el cierre de estos centros su esposa renunció a su trabajo de costurera para cuidar al niño. Ahora, cada mañana tiene que llevarlo a otra institución para que continúe con las terapias.

Viven en Amaguaña, en las afueras de Quito, por lo que la mujer coge tres buses diariamente. Además, Jean Carlos ya no come las cinco comidas diarias.

“Le damos lo que tenemos. A veces en el desayuno toma un agua de cedrón con pan. En el almuerzo una sopita o arroz”, confiesa Carlos, que probablemente pierda su trabajo al finalizar el mes cuando la obra concluya.

Graciela Burbano, exdirectora del Guagua Centro Conocoto, cuenta que los menores no solo se exponen a nuevos cuadros de desnutrición, sino también a peligros como el abuso sexual. Otro problema que oscurece la salud de los más vulnerables.

Por ahora no existe en Ecuador otro servicio de cuidado de niñas y niños en centros infantiles.

Libia y Carlos están conscientes de que el proyecto, sus Guagua Centros, no volverá. Para ambos, la nueva situación que deben enfrentar les llegó como un puñetazo del que no podrán recuperarse completamente.

Acción de protección les fue negada

Tatiana Castro explica que con los cierres, las directoras se quedaron con deudas, tanto por pago de arriendos como de haberes laborales. Esto porque ellas figuraban como dueñas de una empresa, acota.

Por tanto, las obligaciones que tenían con trabajadores de los Guagua Centros incluían el pago de sueldos, décimos y demás. Ahora enfrentan hasta demandas porque no han podido liquidar a los empleados.

Eso motivó a que se pidiera una acción de protección, pero les fue negada. A su vez, las maestras han hecho hasta marchas para pedir que los convenios se retomen.

Gabriel Mier dice a EXTRA que los Guagua Centros funcionaban a través de un modelo de gestión por convenios, mediante los cuales se les asignaban recursos públicos a personas de derecho privado para que ejecuten el proyecto; estos convenios, al igual que todo instrumento legal en el que se acuerdan voluntades, se encontraban regidos por un plazo y poseían formas de terminación.

“Es oportuno recalcar que por parte de las asignatarias existía pleno conocimiento de que los convenios terminaban el 31 de julio de 2020, en tal razón no se trata de una decisión tomada de un momento a otro, sino de acatar las condiciones, obligaciones y compromisos acordados a través de un instrumento legal plenamente válido y conocido por las partes”.

Sin embargo, según Mier, el Municipio, una vez que se haya superado la pandemia y las condiciones sanitarias lo permitan, ejecutará un proyecto dedicado al cuidado y desarrollo de la niñez a través de un modelo de gestión que asegure la calidad del servicio, su nutrición y desarrollo.