El esperado juicio contra Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo, junto con el israelí Sheinman Oren y el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito, Leandro Berrones, ha sido diferido por séptima vez, prolongando la incertidumbre en torno a este caso de presunta delincuencia organizada.

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Desde hace dos años y medio, la audiencia de juzgamiento ha estado pendiente, y el último intento para llevarla a cabo tuvo lugar el jueves 30 de mayo de 2024. Sin embargo, esta vez fue pospuesta debido a un cruce de audiencias, ya que la jueza María Mercedes Suárez Tapia, quien sustituía al juez Pablo Coello Serrano, tenía programada otra diligencia para la misma hora.

El octavo intento para iniciar el juicio ha sido fijado para dentro de dos meses, el 29 de julio, a las 08:30, en el Complejo Judicial Norte de Quito.

La continua dilación de la audiencia plantea el riesgo de que el caso quede en la impunidad. Mientras no se emita una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria, los acusados mantienen la presunción de inocencia y pueden ejercer sus derechos civiles, incluyendo el derecho al voto y la posibilidad de postularse como candidatos políticos. De hecho, el expresidente Abdalá Bucaram ha expresado públicamente su interés en postularse para la Presidencia o la Alcaldía de Guayaquil.

La fiscal a cargo del caso es Lidia Sarabia, quien previamente estuvo a cargo de la investigación en 2022 sobre el narcotraficante Leandro Norero (+) por presunto lavado de activos.

Este caso surge de los acontecimientos ocurridos entre marzo y octubre de 2020, durante los cuales se sospecha que los acusados planificaron y llevaron a cabo actividades al margen de la ley, relacionadas con la venta de pruebas de detección de COVID-19 y mascarillas.

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