Este 5 de agosto se reinstaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra Javier Córdova, exministro de Minería durante el gobierno de Rafael Correa. La Fiscalía General del Estado lo acusa de enriquecimiento ilícito. La audiencia contó con la presencia del fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

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Javier Córdova se desempeñó como ministro de Minería desde febrero de 2015 hasta mayo de 2017 durante el gobierno de Rafael Correa. Posteriormente, continuó en el cargo hasta enero de 2018 bajo la presidencia de Lenín Moreno.

Antes de su gestión en el Ministerio de Minería, Javier Córdova estuvo involucrado en el ámbito de la seguridad. En 2010, asumió el liderazgo de la Unidad encargada de coordinar la construcción de nuevas cárceles. Posteriormente, entre 2011 y 2014, trabajó en el Ministerio del Interior como subsecretario y viceministro de Seguridad durante la administración de José Serrano.

El Ministerio Público ha presentado 65 indicios que sugieren que, entre 2012 y 2018, Javier Córdova habría estado involucrado en actividades de enriquecimiento ilícito durante su tiempo en el gobierno.

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Durante la diligencia, el juez a cargo de la audiencia presentó informes de diversas entidades, como instituciones bancarias, el Servicio de Rentas Internas, la Contraloría General del Estado y otras instituciones financieras. Estos informes evidenciarían la falta de justificación de los ingresos y bienes adquiridos por el acusado entre 2012 y 2018.

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También adquirió un reloj por 12 mil dólares y reservó un departamento con un depósito de 30 mil dólares, que fue transferido desde Panamá. Sin embargo, esta transacción no se concretó, ya que solicitó la devolución del dinero.

Los informes detallan que el exministro de Minas recibió 253 mil dólares en sus cuentas bancarias, gastó un millón de dólares a través de 11 tarjetas de crédito y transfirió 173 mil dólares al exterior.

El juez decidió llamar a juicio a Javier Córdova por presunto enriquecimiento ilícito de 1,2 millones de dólares. Además, se ratificaron las medidas sustitutivas a la prisión preventiva, así como la retención de cuentas y la enajenación de bienes. El magistrado aseguró que hay suficiente información para respaldar la acusación de la Fiscalía.

La resolución indica que el enriquecimiento ilícito imputado a Córdova no solo se refleja en la compra de bienes inmuebles, sino también en el pago de deudas adquiridas, transacciones realizadas a través de terceros y la salida de divisas.

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