Antes de las seis de la mañana del martes 12 de diciembre del 2023, Javier Ampuero recibió la bendición de su padre, don Jorge. Como siempre, un beso en la mejilla cerró la despedida.

Antes de que cruzara la puerta, una última observación: “cualquier novedad me llamas”, le dijo el hombre, consciente de que el trabajo de su hijo, como guardia de seguridad en una zona altamente conflictiva, como es la entrada a La Ladrillera, siempre representaba un riesgo. Javier nunca llamó y ya no lo haría nunca más.

Ese día, a las 14:00, aproximadamente, un grupo de ‘vacunadores’ (extorsionadores) atacó la garita de control donde se encontraba cumpliendo sus tareas. Un solo disparo que le perforó el pulmón derecho -la empresa nunca le dio chaleco de seguridad, denunció después su familia- bastó para ponerle fin a su existencia de 56 años.

En el mismo lugar, su compañero de guardia, aquejado de problemas cardíacos, falleció de un infarto a causa de la impresión que le produjo el ataque de los delincuentes. Pese a que a pocos metros se encuentra un cuartel de la Policía, nadie pudo evitar el desenlace.

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Su cuerpo, aunque fue atendido por personal paramédico de una estación de bomberos cercana, no reaccionó y permaneció allí varias horas, hasta que llegó el equipo de medicina legal de la Policía y lo trasladó hasta la morgue de la Policía Judicial.

Para su sepelio se tuvo que hacer la exhumación de una tía, eso costó 820 dólares, lo que fue cubierto por la empresa donde laboraba Javier, el Consorcio ILM-Guayaquil, contratista del Municipio en el botadero de basura Las Iguanas.

Al parecer todo iba bien, pero luego de los trámites legales y su posterior sepelio, Jorge Ampuero, un adulto mayor de 79 años que casi no ve, pues sufre de glaucoma, esperó que ILM-Guayaquil se hiciera presente con algún tipo de compensación, ya que este había laborado para ellos 23 años, siempre como guardia.

El día que lo llamaron para cobrar la supuesta indemnización, lo que recibió fue 1.500 dólares por sueldos atrasados, vacaciones, horas extras y otros beneficios, según le explicaron, asegura. Nada más. Es decir, los 23 años de labores fueron compensados con esa cantidad.

Ese mismo día, le cuenta don Jorge Ampuero a EXTRA, el representante de la empresa, Pablo Martínez, le dijo: “Aquí nadie ha tenido nunca seguro de vida y si quieren demandarnos, háganlo. Plata no hay”.

Aunque las palabras de Martínez, según él, tuvieron un tono radical y contundente, don Jorge siguió alimentando la esperanza de recibir una llamada para obtener alguna ayuda. Como no ocurrió, decidió llamar varias veces, pero nunca le contestaron.

Este Diario se contactó con la empresa ILM-Guayaquil y vía WhatsApp enviaron un mensaje de texto en el que señalan que “la investigación está siendo llevada a cabo por la Fiscalía. Los valores al que tenían derecho los herederos fueron liquidados conforme lo determina la ley”.

Don Jorge vive con Ignacio Ampuero, un hijo con discapacidad intelectual del 65%, y su fallecido hijo era quien los mantenía, pues su pensión jubilar es casi que de miseria, apenas poco más que la mitad de un sueldo básico. Por ello exige justicia. Por ello ha acudido a muchas instancias legales en donde nadie le ha brindado ayuda. Y pese a esto no decae en su lucha.

Lo primero que hizo, cuenta, fue acudir a la Defensoría del Pueblo, en donde le dijeron que no se ocupaban de estos asuntos; luego fue al Comité de Defensa Permanente de los Derechos Humanos, en donde le manifestaron que tenían muchos casos que atender y contaban con solo dos abogados.

También fue a Riesgos del Trabajo del IESS, pero el montepío no aplica para él, ya que es jubilado y recibe una pensión. La última puerta que tocó fue la Defensoría Pública, lugar en el que, pese a formar un “consejo consultivo” para tratar su caso, tampoco pudieron ayudarlo, pues “la ley no contempla este tipo de casos”.

Dinero para un abogado particular no tiene y su situación económica se ha vuelto crítica, pues vive solo de su pensión y de lo que sus familiares más allegados buenamente le dan... cuando le dan.

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