El Gobierno presentó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de la Función Judicial y al Código Orgánico Integral Penal, conocido como la “Ley Talón de Aquiles”. La propuesta busca sancionar prácticas dilatorias utilizadas para retrasar procesos judiciales y favorecer la impunidad.

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El ministro de Gobierno, José de la Gasca, explicó que la reforma pretende frenar el abuso de excusas procesales sin fundamento, como la presentación de certificados médicos falsos para diferir audiencias. “Esta mañana, una audiencia sobre tráfico de combustibles en la frontera sur fue diferida nuevamente. Es un patrón que se repite para impedir el avance de casos clave”, denunció.

Según De la Gasca, estas estrategias buscan que los procesos prescriban o que caduquen las prisiones preventivas. Por ello, la normativa establecerá sanciones como multas y suspensiones para abogados que presenten justificaciones infundadas. También se reformará el Código Orgánico Integral Penal para evitar que los plazos beneficien a quienes buscan eludir la justicia.

Además, el Consejo de la Judicatura deberá implementar un sistema de control para el pago de multas impuestas a abogados. “Si un abogado es sancionado y no paga, no podrá ejercer. Es lo mismo que cuando alguien con multas de tránsito no puede matricular su vehículo”, explicó el ministro.

Finalmente, De la Gasca desafió a la Asamblea a aprobar la reforma. “Veremos quiénes apoyan la depuración de la justicia y quiénes prefieren proteger la impunidad”, sentenció.

Restricción de celulares en el voto

En otro tema, el ministro respaldó la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prohibir el uso de celulares en las urnas, asegurando que la medida evita presiones sobre los votantes.

“Hemos recibido denuncias sobre la coacción en el momento del sufragio. Impedir que se fotografíe el voto protege a los ciudadanos de amenazas y extorsiones”, afirmó. No obstante, al ser consultado sobre si el Gobierno ha presentado pruebas formales a la Fiscalía, De la Gasca indicó que las denuncias deben realizarlas los afectados.

El funcionario descartó que la restricción afecte la transparencia del proceso electoral y enfatizó que la medida solo garantiza el secreto del voto, tal como lo establece la Constitución.

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