En Ecuador no es la primera vez que un político acude a una embajada cuando es llamado a enfrentarse a la justicia. Por ejemplo, Gabriela Rivadeneira, expresidenta de la Asamblea Nacional en el mandato de Rafael Correa; los exlegisladores Soledad Buendía, Edwin Jarrín, Carlos Viteri Gualinga; junto a Tania Pauker, esposa de este último y quien fue consejera de Participación Ciudadana en 2017, se refugiaron en la Embajada mexicana en noviembre de 2019.

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Esto tras la detención de Paola Pabón (hoy prefecta de Pichincha) y Virgilio Hernández (exconsejero de gobierno), acusados de rebelión en las violentas manifestaciones durante el paro indígena de ese año.

Dos meses después, Buendía, Viteri y Rivadeneira abandonaron el país, en medio de las investigaciones realizadas por el régimen de Lenín Moreno por las protestas indígenas.

El caso más reciente ocurrió en marzo de 2023, cuando la exministra de Transporte y Obras Públicas (también del correísmo) María de los Ángeles Duarte estuvo casi por tres años en la Embajada de Argentina. El fin era evitar una condena de ocho años de prisión por el caso Sobornos.

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Ese acto generó un impase entre la diplomacia de ese país y la de Ecuador, pues salió de la edificación con ayuda de funcionarios argentinos. Eso provocó que se declare persona no grata al embajador argentino en Quito, Gabriel Fuks, y se le pidió retirarse del país.

Y en las últimas horas, la Cancillería de Ecuador confirmó que el exvicepresidente Jorge Glas ingresó a la Embajada de México en Quito, luego de que la Fiscalía General del Estado emitió una orden de localización e inmovilización por el presunto delito de peculado por la reconstrucción de Manabí, tras el terremoto de 2016.

Para el internacionalista Carlos Estarellas Velásquez, es inadmisible este tipo de comportamientos porque “cualquiera iría a la embajada y se pone como huésped. Alguien que tiene cuentas con la justicia debe enfrentarla. Lo lógico sería que México diga que no”.

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