En la mañana de hoy, 17 de mayo de 2024, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional aceptó la propuesta presentada por el asambleísta Jorge Acaiturri para suspender temporalmente las solicitudes de juicio político contra la fiscal general Diana Salazar. 

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La fiscal anunció ayer, 16 de mayo, que se encuentra embarazada. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, informó que el CAL resolverá la suspensión de los juicios políticos contra Salazar, solicitud que fue aprobada con 5 votos a favor y 2 abstenciones. 

Las asambleístas de la Revolución Ciudadana, Esther Cuesta y Viviana Veloz, fueron las que se abstuvieron en la votación.

"Hoy debo comunicarles que nuestra familia crece, que pronto seremos cuatro, y que eso es motivo de profunda alegría para mí y para quienes nos quieren. Sin embargo, me encuentro a puertas de un juicio político y, si bien esta es una atribución de la Asamblea Nacional en nuestro ordenamiento democrático al cual nunca he rehuido, mi condición cambia las reglas del juego", manifestó la Fiscal al anunciar su estado de gestación.

La alta funcionaria agregó: "No se había contemplado en ninguna norma establecida que una mujer en estado de gestación enfrente un juicio político con el estrés que este implica. Es importante recordar que la Corte Constitucional ya se ha pronunciado sobre temas relacionados como la estabilidad laboral reforzada de la mujer embarazada y que actualmente, en la Asamblea Nacional, se están tratado leyes que consideran los derechos de la mujer y que protegen la vida de quienes están por nacer".

El pasado martes 14 de mayo, el movimiento Revolución Ciudadana, liderado por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), presentó una solicitud de juicio político contra la fiscal general del Estado, Diana Salazar, ante la Asamblea Nacional. 

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El asambleísta Héctor Valladares fue el encargado de presentar la documentación necesaria, acusando a Salazar de presunto incumplimiento de funciones. Valladares argumenta que la fiscal del Estado no ha tomado medidas respecto a la información proporcionada por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la cual se encarga de investigar delitos como el blanqueo de dinero o lavado de activos.

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