Hasta la noche del lunes 4 de abril de 2022 entregaron a sus familiares 19 cuerpos de las 20 víctimas reportadas por la última masacre registrada en el interior del Centro de Privación de la Libertad de Azuay.

Todos los cadáveres fueron identificados, pero la lista se mantiene en reserva por tratarse de un proceso en investigación de la Fiscalía y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, se informó.

Entre aquellos restos entregados estaban los de los seis internos que fueron decapitados en el enfrentamiento entre bandas.

Según explicó el ministro del Interior, Patricio Carrillo, basado en los resultados de las autopsias, uno de los fallecidos no sería atribuido al ataque, sino que es una “muerte por ingesta de un químico”.

Mientras algunos de los parientes de los asesinados esperan que las acciones de las autoridades permitan lograr seguridad, paz y tranquilidad, el fiscal provincial del Azuay, Leonardo Amoroso, manifestó que el proceso investigativo de la matanza se encuentra “muy avanzado”.

Amoroso detalló que tales investigaciones se hacen por el delito de asesinato y han tomado versiones a los internos. “Ojalá se pueda llegar a dar con los culpables del hecho”, precisó.

Según el funcionario como sospechosos han identificado a dos internos, alias Uriel y Anchundia, quienes junto a otros tres, considerados ‘brazos derechos’ de los dos cabecillas, fueron trasladados a la cárcel La Roca, en Guayaquil.

ARMAS

El ministro Carrillo apuntó que en las requisas se han identificado y hallado seis armas de fuego, cinco de las cuales habrían sido utilizadas en la matanza.

De este número de armas requisadas, tres son de la marca Glock, pero no tenían número de serie ni otros datos identificatorios.

Son “similares a las que usa la Policía”, detalló el teniente coronel Javier Chango Llerena, jefe de la Unidad Nacional de Criminalística, quien además sostuvo que estos llamados “testigos balísticos” serán analizados a través del sistema INVIN, programa internacional que permite cotejar si las armas y proyectiles ilegales podrían haber sido usados en otros eventos.

Además, tratan de descubrir así la procedencia del armamento hallado dentro de la cárcel y los resultados serán integrados al proceso de investigación de la Fiscalía. (JM)