Según la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (ACESS) en Pichincha solo existen cinco clínicas de rehabilitación de adicciones que pueden operar porque son las únicas que tienen los permisos en regla. Es por ello por lo que los operativos de control continúan.

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El 30 y 31 de enero se clausuraron dos de estos establecimientos, uno en Pisulí, norte de Quito y otro en Conocoto, en el suroriente. Ambos fueron denunciados por ciudadanos que advirtieron que no era normal lo que pasaba allí.

En Pisulí encontraron armas

La Agencia Metropolitana de Control (AMC) informó que el sitio operaba bajo la fachada de una vivienda residencial. Cuando llegaron las autoridades encontraron aproximadamente a 40 adultos y 5 menores de edad. Los supuestos pacientes contaron a los inspectores que eran víctimas de maltratos y que vivían en condiciones deplorables, con hacinamiento y suciedad. Algo que se pudo comprobar en el momento de la intervención.

Eso no es todo, en la oficina del director del lugar, se hallaron tres pistolas, una escopeta, aproximadamente 300 municiones, cuatro armas cortopunzantes y un chaleco antibalas. Además, se encontraron ocho dispositivos celulares sin justificación de procedencia, lo que Policía Nacional informó que podría estar vinculado a actividades ilícitas.

Hacinamiento y sin permisos

La mañana de este viernes 31 de enero, las autoridades intervinieron en un centro que operaba desde hace 9 años sin permiso. Melany Grijalva, directora de la zona 9 del ACESS, explicó que el establecimiento no cumplía con los requerimientos necesarios para funcionar. “Los espacios no son los adecuados, no hay un plan terapéutico para las personas”, aseveró.

Otra de las observaciones fue que las ventanas tenían rejas y que no se contabilizaron las camas suficientes para los habitantes, por lo que se presume que las compartían. Además, se hallaron cinco menores de edad. “También es importante recalcar que en este tipo de centros no pueden estar hombres y mujeres. Aquí estaba funcionando así”, agregó.

Andrés, uno de los habitantes del lugar, aseveró que nadie estaba allí contra su voluntad y que veía los espacios adecuados. “Estas son las alternativas que tenemos porque el Ministerio de Salud no hace nada”, reclamó.

A pesar de ello, según Grijalva, las denuncias ciudadanas apuntaban a que presumiblemente había algún tipo de maltrato en dicho centro, pues se escuchaban gritos y habrían visto que algunas personas llegaban esposadas.

En este caso no hubo detenidos, sin embargo, en Pisulí el responsable del centro fue aprehendido por la Policía Judicial para las investigaciones correspondientes sobre la tenencia de armas. Desde 2024 19 establecimientos han sido intevenidos, 13 de ellos ya fueron clausurados.

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