El asesinato del candidato presidencial Fernando Alcibiades Villavicencio Valencia, ocurrido el miércoles 9 de agosto de 2023, en el norte de Quito, ha dejado varias interrogantes en el aire.

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Tras el crimen, hubo una serie de eventos que llevaron a la detención de trece sospechosos. Sin embargo, después de que mataran a siete y otorgaran sobreseimiento a uno, son cinco procesados quienes enfrentarán el juicio, que ha sido programado para este martes 25 de junio de 2024, luego de cuatro diferimientos, a causa de diferentes “argucias judiciales”, según ha dicho públicamente Verónica Sarauz, esposa de don Villa.

Durante las investigaciones, la Fiscalía ha expuesto la función que habría tenido cada uno de los implicados (ver infografía), aunque no se ha hecho público -de parte de las autoridades judiciales- si hubo un valor monetario de por medio.

Este detalle tampoco consta en el resumen del acta de llamamiento a juicio, a pesar de que el periodista Christian Zurita, quien reemplazó a Villavicencio en la papeleta electoral, había publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que un testigo había revelado la posible cantidad pagada: 200 mil dólares.

El Ministerio Público, por su parte, ha informado las promesas que se habrían hecho al grupo criminal por la ejecución del candidato presidencial. Esta afirmación se ha basado en la declaración de un testigo protegido. Esto es lo que ha expuesto la Fiscalía: “el testimonio anticipado develó que cometieron este asesinato porque les ofrecían ser dueños de medio Quito y también el manejo de las cárceles”.

La entidad ha dejado en claro que la agrupación relacionada con el crimen de Fernando Villavicencio es Los Lobos. Incluso, ha identificado a dos presuntos cabecillas de esta banda entre los procesados: Carlos Angulo y Laura Castillo.

Uno de los líderes principales de esta organización criminal, Fabricio Colón Pico Suárez, fue detenido el 5 de enero de 2024 por otras causas: secuestro extorsivo e intimidación. Tres días después, el 8 de enero, escapó de la cárcel de Riobamba, en Chimborazo. Ese día cumplió 46 años. Tres meses más tarde, el 22 de abril, fue recapturado.

Alias Capitán Pico o el Salvaje, ha sido relacionado con el asesinato de don Villa por la fiscal general del Estado, Diana Salazar, quien en una audiencia de vinculación del caso Metástasis, el 3 de enero, señaló que Colón Pico supuestamente recibió el encargo de planificar el atentado en contra de Fernando Villavicencio, en el 2022, cuando el narcotraficante Leandro Norero Tigua aún vivía. Este capo criminal fue asesinado en la cárcel de Latacunga, en Cotopaxi, el 3 de octubre de ese año.

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La información expuesta por Salazar fue extraída de los teléfonos de Norero, alias el Patrón. La funcionaria hizo pública esta situación, sobre todo, para enfatizar que el mismo individuo también habría recibido la disposición de atentar en su contra. “Lo digo con nombre y apellido. Ahora sí, vengan a asesinarme”, exclamó Diana Salazar, durante la diligencia. Ella denunció a Colón Pico por intimidación y está en espera de la audiencia de llamamiento a juicio.

Colón Pico no fue vinculado al proceso que está en curso por el asesinato de Fernando Villavicencio. Él haría parte de una investigación previa, bajo reserva, que además busca dar con los autores intelectuales del asesinato.

El análisis al teléfono celular de Fernando Villavicencio también hace parte de una indagación bajo sigilo, de la que se ha informado que no se pueden divulgar detalles, porque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) lo prohíbe.

En su artículo 180 se establece que “la persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años”. La información de circulación restringida se considera, entre otras, la “producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa”.

En la acusación particular entregada por familiares de Fernando Villavicencio se hace un recuento de lo ocurrido, se menciona a los detenidos y el delito por el que se busca que sean sancionados: el asesinato.

Pero también se cuestiona una escena ocurrida tras el crimen de Villavicencio, relacionada con el sicario colombiano Jhojan David Castillo López, quien fue disparado en el sitio del atentado, porque “en lugar de ser dirigido a una casa de salud, tomando en cuenta que tenía heridas de bala en su cuerpo, fue ingresado a la unidad de flagrancia, en donde falleció aproximadamente después de una hora”.

Ese detalle ha sido cuestionado desde el principio e incluso consultado por EXTRA a las autoridades, pero no hubo respuesta clara. La Policía Nacional informó que habían hecho coordinaciones para que una ambulancia los esperara en la dependencia judicial, ubicada a más de 5 kilómetros, pero eso no sucedió. El mayor cuestionamiento se ha dado porque había una clínica a pocos pasos.

Con el pasar de las investigaciones, la Fiscalía descubrió que este individuo presuntamente tenía contacto directo con Carlos Angulo, alias el Invisible, quien desde la cárcel de Latacunga le habría dado las disposiciones para actuar y acabar con la vida de Fernando Villavicencio.

Luego del último diferimiento de la audiencia, mediante un documento judicial, se advirtió que “no se aceptará más solicitudes de diferimiento”. Entre las razones para postergar las diligencias hubo excusas como las del abogado de un procesado que dijo tener, el mismo día, otra audiencia.

También hubo el caso de los representantes legales de una sospechosa, quienes intentaron renunciar a su defensa, pero se les negó el pedido, porque lo habrían pedido “sin justa razón”. Además, se anunció que serían sancionados de no acudir. 

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No obstante, no solo los procesados han pedido que la audiencia de juzgamiento se difiera, también hubo una perito que lo hizo, porque había viajado a los Estados Unidos, debido a que ya había comprado pasajes antes de conocer la fecha de la diligencia. Una testigo, en cambio, informó que recién había tenido a su bebé. Por ese motivo, se ha autorizado la presencia telemática de algunas personas para evitar más retrasos.

El 11 de marzo de 2024 ocurrió un incidente en el Centro de Rehabilitación Social Femenino, de Quito, que tuvo como protagonistas a dos procesadas en el caso Villavicencio, según se detalla en un parte policial al que EXTRA ha tenido acceso.

Las involucradas, según el documento, fueron Laura Castillo y Alexandra Chimbo, identificadas como presuntas integrantes del grupo terrorista Los Lobos. En el escrito se detalla que ellas estaban con actitud “agresiva y amenazante”, pidiendo que les dejaran hablar con la coordinadora del lugar.

Cuando fueron informadas de que la funcionaria no se encontraba en el sitio, ellas habrían roto las ventanas de vidrio de su pabellón y luego habrían quemado un colchón. El fuego fue controlado con extintores y baldes de agua. A las internas, en cambio, les pusieron esposas. Habrían actuado de esa manera porque no habría sido “favorable su petición”.

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