La familia Sperber llegó a la Unidad de Flagrancia, en el norte de Quito, para una audiencia de Acción de Protección que terminó suspendiéndose, prolongando así su espera. Ellos defienden los derechos de William, el segundo de sus cuatro hijos, que tiene autismo y, a pesar de que el año lectivo comenzó el 2 de septiembre, aún no tiene cupo para el tercero de básica. “Esta lucha nos ha costado también nuestra salud mental”, afirmó Cinthya Andino, madre de William.

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Los padres alegan que un colegio les negó un cupo para su hijo. Sin embargo, no es la primera vez que enfrentan este problema; ya han sido rechazados en 15 centros educativos debido al autismo de William. “Incluso tenemos un certificado que indica que, como familia, sufrimos de trauma por estrés. Esto es muy difícil”, relató la madre.

Aunque el niño de 9 años no habla, sí muestra cuánto le ha afectado la preocupación y el rechazo. Por ello, decidieron hacer público su caso y acudir a la justicia para exigir que el establecimiento les otorgue un cupo. “Acudimos al Ministerio de Educación, que dictó una resolución para que mi hijo ingrese. Sin embargo, hicieron caso omiso”, dijo David Sperber, padre del niño.

A pesar de que la audiencia fue sobre el caso de William, unas 50 personas acudieron para apoyar a la familia y compartir sus propias experiencias. Carolina Mora, de 27 años, recordó su infancia al conocer esta historia.

“Yo viví exactamente lo mismo; no me aceptaban en los colegios. Dicen que los jóvenes necesitamos educación, pero nos cierran las puertas”, reclamó. Ahora está en la universidad estudiando Comunicación Social, con la esperanza de convertirse en la voz de quienes no pueden estudiar.

Los casos son numerosos. Gaby Castillo, representante de la organización Mapas Extraordinarios, que brinda apoyo a familias con niños autistas, explicó que tienen 357 miembros y que el problema es generalizado. “Lo viví con mi propio hijo. Ahora tiene 24 años y pasó por cinco colegios. Actualmente estudia a distancia porque no le aceptan en las universidades”.

Los pretextos comunes son: “No hay cupos”, “Ya tenemos suficientes niños con esa condición” y “No estamos capacitados”, añadió Gaby.

Amparo Toledo ha peregrinado por varias escuelas con su nieto de seis años. “Fui a una escuela fiscal y solo en el proceso de admisión me trataron mal. Imagine cómo serán con los niños. Desistí”.

EXTRA solicitó una entrevista con un vocero del Ministerio de Educación, pero las inquietudes fueron respondidas con un comunicado. La cartera de Estado informó que está trabajando en la emisión de un nuevo Acuerdo Ministerial que regule los mecanismos para la atención, seguimiento y gestión de las instituciones educativas fiscales y fiscomisionales para garantizar la inclusión.

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Para sobrellevar esta condición se necesita dinero y fuerza de voluntad, según Gaby Castillo. “Los niños requieren de terapias psicológicas, citas con neurólogos y la lucha de los padres porque sean parte de la sociedad”. “Nos mandan a escuelas especiales, pero son los profesionales los que nos piden que nuestros hijos socialicen con otros niños”, dice David.

Los casos y las circunstancias son diversas, pero coinciden en que poco se ha denunciado por temor a represalias con sus hijos en las escuelas, por desconocimiento de derechos o porque no hay confianza en que las autoridades hagan algo.

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