“¡Ya no quiero que me toquen porque si pasa algo van a cumplir lo que me ofrecieron!”. Esas fueron las palabras que, con temor y desesperación, una de las ocho víctimas de abuso sexual les dijo a los investigadores. Ocurrió en Puerto Quito, al norte de la capital.

Luego de cinco meses, la Unidad Nacional de Investigación de Delitos Transnacionales determinó que las afectadas sufrieron violación y trata de personas. Los uniformados allanaron varias viviendas en cuatro ciudades del país donde hallaron a los sospechosos, quienes, en su mayoría, pertenecen al entorno familiar de las menores agredidas.

Según las primeras pericias, la niña que tiene miedo de seguir colaborando en la investigación por temor a represalias, al parecer, era vendida por una pareja de Puerto Quito a sus vecinos con la intención de que abusaran sexualmente de ella.

En el primer examen médico que le practicaron se reveló que la menor fue ultrajada a sus 12 años. Sin embargo, las autoridades necesitan otra prueba para probar si el abuso era constante, pero la niña está aterrorizada y no quiere hablar.

Como ella, los agentes presumen que todas las víctimas fueron amenazadas con armas de fuego para que no delataran a sus agresores.

Algunos de los casos que más conmocionaron a la Fiscalía fue el de una menor con discapacidad intelectual del 75 % y física de 62 %, quien fue abusada sexualmente y con frecuencia por su padre y hermano. También el de una niña que fue violada por un morador del sector y quedó embarazada.

Las mujeres agredidas recibieron atención psicológica y tienen medidas de protección. Tres de ellas reciben tratamiento en instituciones del Estado y otras tres fueron entregadas a parientes que no pertenecen al círculo de violencia.

PUEBLO CHICO...

El mayor de Policía, Javier Granda, señaló que cuando llegaron al cantón para investigar los casos se encontró con una población que había normalizado la violencia sexual.

El oficial enfatizó que mientras hallaban evidencias vieron que los hechos eran aislados y no se trataría de una banda organizada. Eso sí, cuando los capturaron había cierta amistad entre ellos. “Decidimos individualizar los hechos para que los implicados sean sancionados con más dureza. Y así crear un precedente”. Granda añadió que este sería el primer paso para desnaturalizar estos actos violentos en el sector.

El oficial explicó que por la densidad poblacional (21.000 habitantes) y las características del territorio hicieron una investigación de contexto, es decir, encontraron la existencia de un delito recurrente, establecieron una conducta común entre algunos sospechosos y fueron tras ellos.

FALTA DE EMPATÍA

El psicólogo forense, Fernando Tinajero, indicó que para contrarrestar esa ‘costumbre delictual’ deben intervenir entidades como el Ministerio de Salud y de Educación para erradicar el machismo que existe en estas comunidades rurales donde el objetivo del hombre es “el uso y el abuso constante de la mujer”.

Asimismo, el experto señaló que al tratarse de un delito dentro del círculo familiar existe una distorsión sobre los vínculos afectivos. “Las ONG’s deben interferir con charlas o eventos que sensibilicen a las personas sobre este tipo de problemáticas”.

Tinajero enfatizó en que el discurso debe preponderar a la mujer como un ser humano integral y no como un objeto.

Con respecto a los agresores, el psicólogo indicó que pueden tener rasgos pedófilos y psicópatas para que hayan utilizado a sus propios familiares con fines delictivos. “Muchos de ellos solo quieren satisfacer sus necesidades sexuales y económicas”, concluyó.

MÁS DETALLES

Búsqueda

La Policía indicó que los sospechosos se escondían en lugares rurales. Para dar con ellos tuvieron que ingresar en lancha o en mulas.

Sanción

Si se comprobara la responsabilidad de los detenidos, ellos pueden ir hasta 25 años de prisión.

Operativo

En el proceso participaron 30 policías de unidades especiales y 27 investigadores.