Una de las medidas que había tomado a favor de su seguridad la directora encargada de la antigua Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza Resabala, de 35 años, fue ya no ir al trabajo junto a su esposo, en el mismo vehículo. Es por eso que el día de su asesinato, el jueves 12 de septiembre de 2024, utilizaba el servicio particular de otra persona, quien la movilizaba a bordo de un automóvil rojo, marca KIA, modelo Río Stylus, de placa GSF-3618.

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El conductor, de 46 años, y la funcionaria del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI), circulaban por el kilómetro 14,5 de la vía a Daule en dirección a Guayaquil, pero había tráfico y avanzaban lentamente. Eso habría facilitado el acercamiento de los dos sicarios, quienes desde una motocicleta blanca los atacaron. 

Icaza Resabala fue impactada por varios proyectiles en diferentes partes del cuerpo, mientras que el chofer sufrió una herida en el brazo derecho, según consta en un informe del caso.

En las investigaciones se estableció que -para la ejecución de este atentado- también fueron utilizados dos carros, uno rojo y otro blanco, tipo SUV, en los que habrían estado más personas involucradas. A través de las cámaras de vigilancia municipales, estos vehículos fueron captados y los uniformados lograron dar con uno, en las calles Domingo Savio, entre Carchi y Tulcán, en el suroeste porteño.

En ese momento, el automotor, un Chevrolet Captiva rojo, de placa GSS-4653, era conducido por un hombre que luego habría revelado que el carro había sido utilizado por su hijo Wilson Ortega, quien fue detenido en su inmueble, donde además -en el área de la habitación- fue encontrada una pistola Glock, que sería analizada por Criminalística.

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Con estas indagaciones, los agentes lograron establecer también la identidad de al menos otro sospechoso, quien aún era buscado por los policías. El detenido, en cambio, fue procesado por asesinato y recibió orden de prisión preventiva.

María Daniela Icaza Resabala y su esposo, quien es agente penitenciario, habían decidido no ir juntos en el mismo carro luego de que la mujer recibiera amenazas de muerte por grupos de delincuencia organizada que operan en la ‘Peni’.

Esta situación, además de constar ahora en un parte, en una denuncia y en al menos otro documento del expediente, también había sido informada al SNAI, pues las intimidaciones se registraban desde tres meses antes del crimen, de acuerdo a lo señalado en este proceso judicial.

En un relato del cónyuge se revela que “se pidió al SNAI custodia policial por el cargo de Directora Penitenciario, en las cual tenía conocimiento la directora actual (...). Señor fiscal, el SNAI nunca manifestó sobre el resguardo policial, teniendo conocimiento que mi esposa se encontraba amenazada de muerte y sabían la dirección de nuestro domicilio (sic)”.

El hombre ha pedido también que se le “otorgue resguardo policial, ya que temo por mi vida y estoy siendo vulnerable ante esta situación y poniendo en riesgo la vida de mis hijos”.

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