En la noche del 11 de enero de 2024, el presidente Daniel Noboa anunció con entusiasmo que la Asamblea Nacional había aprobado la Ley No más Apagones, una normativa de Competitividad Energética tramitada con carácter urgente, que prometía poner fin a los cortes de luz que habían afectado al país desde finales de 2023. 

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Sin embargo, tres meses después de su implementación, los apagones regresaron, llegando a durar hasta nueve horas. Lejos de solucionarse la crisis, el Gobierno informó que a partir del miércoles 18 de septiembre, el país enfrentará nuevamente interrupciones en el suministro eléctrico. Este día, el servicio se suspenderá a nivel nacional de 22:00 a 06:00 del jueves 19, y se repetirá en las noches del martes 24, miércoles 25 y jueves 26 de septiembre, debido al “peor estiaje” en décadas.

“Dentro del articulado de esta ley, en ningún momento se establecieron soluciones directas para generar electricidad de manera inmediata”, cuestiona el constitucionalista Jorge Sosa.

Lo que plantea la ley, dice el experto, es el diseño de una estructura de inserción del sector privado en la generación eléctrica a nivel nacional, ya que la normativa legal reconoce las figuras de autogeneración y elimina trabas para que el sector privado genere energía. Además, la normativa incentivaba a que de la energía que generaran las empresas, vendieran el excedente al Sistema Nacional Interconectado. Pero, según indica Sosa, habría que esperar que empresas inviertan en esa autogeneración, porque los costos son muy altos.

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“Obviamente la norma no iba a tener un impacto inmediato. Siempre se le hizo ver al Ejecutivo que, si bien es cierto la aportación del sector privado en la generación de electricidad, esa posibilidad era a largo plazo”, menciona Sosa.

Para el analista económico Walter Spurrier, la Ley No Más Apagones no pudo responder a las urgencias del sector eléctrico porque “estuvo mal hecha”, ya que inicialmente esta normativa no dispuso una reforma para facilitar la inversión privada. Porque el problema, indica, ha sido siempre que de la inversión hacia el sector energético en general debe ser solo desde el sector estatal.

“La ley fue un fracaso. Tampoco hubo una disposición de la Administración Pública con los artículos adecuados para facilitar esa inversión privada. Recién sale un reglamento que le dice a las empresas privadas que generen energía”, señala.

Esta ley de Competitividad Energética impulsaba la instalación de proyectos de energía renovable no convencional, tales como solar, eólica o geotermia, de hasta 10 megavatios, facilitando sus procesos de contratación.

La ayuda del sector privado era inminente porque actualmente el país no tiene fácil acceso a préstamos internacionales para hacer obras en el sector eléctrico, ya que, indica Spurrier, se requieren de al menos 13 mil millones de dólares de inversión.

Y es que los expertos mencionan que desde su creación, la Ley No Más Apagones no serviría ante el estiaje y para paliar de manera inmediata un problema que se origina por falta de mantenimiento del parque eléctrico.

“No se han realizado los mantenimientos adecuados para tener disponible la generación eléctrica térmica (derivado de petróleo) que reemplaza en períodos de estiaje a las hidroeléctricas”, cuestiona el también analista energético Ricardo Buitrón.

EXTRA le consultó al Ministerio de Energía a través de su Departamento de Comunicación sobre los avances en el sector energético del país en los que ha ayudado esta Ley No Más Apagones, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Los expertos indican que ante este panorama, el Gobierno puede mitigar los apagones en corto plazo acelerando los trámites necesarios para poder adquirir generación térmica de nuevas barcazas; impulsar un programa de ahorro eléctrico a los abonados, que hasta ahora no ha podido implementar y definir una política de compensación para que las empresas privadas utilicen sus generadores (los que pueden llegar a instalar de 100 a 200 megavatios) para generar al menos sus propios requerimientos, ya que la compra al sistema de distribución nacional les resulta más económico.

Otra solución, pero a mediano plazo, según han mencionado los expertos, es una reforma en el tarifario para quitar el subsidio eléctrico a los abonados y así el Estado tener más recursos para comprar o generar energía.

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