La muerte de un bebé, ocurrida el pasado 5 de noviembre tras nacer en un autobús en pleno trayecto, ha generado una ola de indignación debido a la falta de atención médica oportuna, que se atribuye a los cortes de energía y la interrupción de los servicios de telecomunicaciones. Este trágico suceso ha motivado a un grupo de ciudadanos a presentar una acción de protección contra las empresas de telefonía celular Claro, Movistar, Tuenti y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), por las deficiencias en la cobertura telefónica que impidieron la asistencia médica adecuada en el momento crítico.

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La demanda es promovida por el Observatorio de Control Ciudadano (OCC), integrado por Sara Carrillo, Mónica Jaramillo y María Gabriela León, quienes buscan que la justicia intervenga para “garantizar los derechos de los usuarios de telefonía celular” y “reparar la afectación causada por las deficiencias en la prestación de los servicios de telecomunicaciones”. En su petición, el OCC hace referencia a la Constitución del Ecuador, que establece que los servicios deben ser continuos y de calidad, y pide la restauración del acceso adecuado a las telecomunicaciones para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos.

El Observatorio resalta que los problemas en la conectividad se han agudizado desde que comenzó la crisis energética en septiembre de 2024, situación que ha afectado a millones de usuarios que dependen de la telefonía móvil e internet para realizar actividades cotidianas y esenciales. “Estas intermitencias han afectado a millones de usuarios, quienes dependen de la conectividad para actividades cotidianas y esenciales. La telefonía móvil e internet se han convertido en una herramienta básica para la educación, el trabajo, la salud y la comunicación. Sin embargo, la fragilidad de los sistemas de respaldo de energía de estas empresas limita su capacidad de operar durante apagones, afectando en especial a sectores vulnerables y de difícil acceso”, señala el OCC.

Los demandantes también denuncian que los usuarios, a pesar de pagar por los servicios, no han recibido una atención adecuada ni compensación alguna por los inconvenientes sufridos debido a la falta de cobertura durante los cortes de energía. La Asociación de Empresas de Telecomunicaciones (Asetel) indicó el 4 de noviembre que las operadoras han invertido 27 millones de dólares para proporcionar hasta cinco horas de energía eléctrica en sus radiobases, pero este esfuerzo ha resultado insuficiente ante los prolongados apagones.

El caso fue asignado a la Unidad Judicial Penal de Quitumbe, en el sur de Quito, y la audiencia está programada para el próximo 28 de noviembre a las 09:30 (Número de proceso 17283-2024-01650).

Posibles vulneraciones de derechos constitucionales

• Artículo 52: Garantiza el derecho a recibir bienes y servicios de óptima calidad y señala que los afectados por la prestación de servicios deficientes tienen derecho a una indemnización.
• Artículo 314: Establece que el Estado tiene la obligación de garantizar la provisión de servicios públicos de telecomunicaciones en condiciones de continuidad y calidad.
• Artículo 11, numeral 2, y Artículo 35: Protegen a personas con discapacidad, adultos mayores y quienes padecen enfermedades catastróficas, asegurando una atención prioritaria y especializada en la provisión de servicios básicos.
• Artículo 16: Reconoce el derecho a la comunicación y el acceso libre a información a través de servicios públicos de telecomunicaciones.
• Artículo 32 y Artículo 393: Aseguran el derecho a la salud y a la seguridad, garantizando la accesibilidad a servicios de emergencia en casos de desastre o crisis. 

Quejas adicionales contra la CNT

En paralelo a la acción de protección, varios usuarios han expresado su malestar con los servicios de la CNT. Recientemente, este Diario reportó que varios clientes de la empresa se quejan de cobros excesivos por “un servicio ineficiente” y de cargos por meses adicionales a pesar de haber cancelado sus contratos. También se denuncia la demora en la reparación de fallos en el servicio, como el caso de la empresa Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), que ha estado incomunicada por teléfono durante más de once días.

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