En cada gobierno se la ha puesto un nombre diferente, pero es más conocida como la Regional. Esta cárcel guayaquileña fue inaugurada en diciembre de 2013 con el objetivo de acabar con el hacinamiento de privados de la libertad y empezar con un nuevo sistema que impediría que los delincuentes dominen el lugar.

Además, fue calificada -en la presidencia de Rafael Correa- como uno de los reclusorios más seguros de Ecuador, junto al de Latacunga, cuyo modelo es similar. Sin embargo, apenas dos meses después de que empezara a funcionar, el 10 de febrero de 2014, un preso escapó del pabellón de máxima seguridad, sin necesidad de que alguien lo ayudara y por la puerta principal, según relató él mismo a las autoridades un par de días después, tras su recaptura.

El individuo era Carlos Junior Santana Anchundia, alias Tierrita, quien cumplía su cuarto año de encierro, de 25 a los que fue sentenciado, por las muertes de Claudia Poppe Jaramillo y su madre Sonia Jaramillo Durán, suscitadas el 13 de septiembre de 2009, en el Puerto Principal.

El acto cometido dejó en evidencia que el centro penitenciario tenía vulnerabilidades desde su creación. Y hoy, siete años después, la historia no ha cambiado. Se han registrado ingresos de armas, tiroteos en contra de la Policía, fiestas, visitas no reguladas de mujeres y hasta un evento deportivo en pleno estado de excepción, entre otras irregularidades.

Tampoco se ha cumplido con la premisa de que esta cárcel no sería sometida a la voluntad de los reos, pues hay un grupo que la controla: Los Choneros. Y sus líderes, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, y Junior Alexander Roldán Paredes, JR, pagan sus penas en esta prisión. Este es su centro de operaciones y ellos han creado sus propias reglas (ver infografía), según información proporcionada por una fuente que hace poco salió de este centro.

Para Kléber Carrión, oficial pasivo de la Policía y experto en Criminología, esto “no es cosa nueva. Los caporales han existido a lo largo del tiempo. Son las personas que han impuesto políticas (en celdas o pabellones) como representantes de las personas privadas de libertad”.

Sin embargo, aclara que se ha distorsionado esa representatividad, porque en este caso se está aplicando un “monopolio con el uso de la fuerza”.

Esto correspondería también a un supuesto consentimiento por parte del Estado, que ha permitido a esta organización delictiva fortalecerse con la falta de control, añade Carrión, quien además es analista en temas de seguridad.

Lo que el experto rescata de esta situación, dentro de su evaluación, es el poder alcanzado por una sola agrupación. “Hay que darle el mérito, entre comillas, de apagar las voces del resto de grupos delictivos. Hizo hegemonía en un lugar donde no la podía tener, porque el único poder que debería estar establecido es el del Estado”, concreta.

No obstante, esto no significa que las infracciones en el interior hayan desaparecido, o que eso sucederá, explica César Peña Morán, fiscal multicompetente de Guayas. “Manteniendo un solo grupo el poder, los escándalos a nivel interno serán menores, pero la cantidad de delitos será mayor”, señala el funcionario.

Por eso, hace hincapié en que, de forma urgente, “se debería mejorar la parte administrativa, el tema de audiencias y la rehabilitación. En esta última hay muchos problemas, por la situación que estamos viviendo”.

A esto, Carrión agrega que hay que crear un cuerpo de control penitenciario que cuente con la capacidad y los recursos para hacer su trabajo y no como en la actualidad, que se someterían a la voluntad de los reos.

Y enfatiza que “hay que hacer una supervisión de los que controlan. Tiene que haber un control mixto, insisto. Hay que controlar a la Policía, hay que controlar el Ejército, hay que controlar a los guías penitenciarios, hay que controlar al personal administrativo... Todos deben ser controlados”.