La Asamblea Nacional ha decidido archivar los juicios políticos contra Diana Salazar, fiscal general del Estado, debido a irregularidades en el procedimiento llevado a cabo por la Comisión de Fiscalización. La resolución, que ha puesto fin a las acusaciones en su contra, refleja una serie de controversias y desacuerdos en el manejo del proceso legislativo.

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La moción para declarar la caducidad de los plazos del proceso fue presentada por Otto Vera Palacios, del Partido Social Cristiano (PSC), quien argumentó que la Comisión de Fiscalización había actuado fuera del marco temporal establecido. Según Vera, el plazo para que la comisión actuara expiró el lunes 9 de septiembre a las 24:00, y su solicitud de archivo se basó en esta caducidad.

La propuesta de Vera recibió el respaldo de 76 votos afirmativos, frente a 45 votos negativos y tres abstenciones. Con esta decisión, el Pleno de la Asamblea determinó que era competente para resolver las solicitudes de juicio político, que habían sido presentadas por los asambleístas Gissela Garzón y Héctor Valladares, y resolvió archivar los casos acumulados en un solo expediente.

El martes 10 de octubre de 2024, el Pleno de la Asamblea se reunió para abordar la cuestión de la preclusión de plazos en los juicios políticos contra Salazar. Con 78 votos a favor y 44 en contra, se aprobó la modificación del orden del día para tratar este tema de manera urgente.

Otto Vera, en su intervención, criticó el procedimiento de la Comisión de Fiscalización, señalando que no se siguieron las disposiciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Vera explicó que la comisión intentó calificar un juicio político, luego intentó acumular los casos, y finalmente calificó ambos juicios ya acumulados, aunque uno ya había sido archivado, lo que consideró un error procedural grave.

El asambleísta César Umajinga, de ADN, expresó su descontento con la convocatoria de la sesión de Fiscalización, señalando que se realizó “faltando tres horas para culminar el plazo determinado por la ley”. A pesar de las críticas, Umajinga defendió el respeto al procedimiento parlamentario, aunque admitió que la situación era difícil.

Por otro lado, Ronald González, de la Revolución Ciudadana, defendió la legitimidad del juicio político, argumentando que es una herramienta democrática y jurídica necesaria para el país. Mientras tanto, Ramiro Vela, legislador independiente, cuestionó el horario de la sesión, sugiriendo que si se deseaba un debate prolongado, se debió convocar a una hora más conveniente.

Jorge Peñafiel, de Construye, criticó los pactos entre ADN y RC, sugiriendo que la situación en la Asamblea era una "vergüenza" y comparando los acuerdos actuales con los conflictos anteriores entre las bancadas.

Vicente Taiano, del PSC, expresó su firme apoyo a la moción de Otto Vera y criticó las irregularidades en el proceso de la Comisión de Fiscalización. Taiano enfatizó que la intervención del Pleno era necesaria para corregir los errores y asegurar la efectividad del proceso legislativo.

La decisión de archivar los juicios políticos contra Diana Salazar marca un punto de inflexión en la dinámica política actual, subrayando la complejidad y las tensiones inherentes en el manejo de los procedimientos legislativos.

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