Resulta más que paradójico que una población ubicada a orillas del ancho y caudaloso río Guayas y que cuenta con otras fuentes naturales que proporcionan el líquido vital esté prácticamente, como suele decirse, “muriéndose de sed junto a la fuente”. Y ello porque no está funcionando adecuadamente el servicio de provisión de agua potable que, como en todos los cantones, es un derecho de los ciudadanos que entra en las responsabilidades que le toca cumplir al Municipio local.

Hace seis años y medio el Cabildo duraneño adjudicó para la realización de la obra que debe cumplir con tan importante servicio un contrato que en ese entonces tenía el costo de 20 millones de dólares. Para esta obra debieron construirse cuatro grandes pozos que no se sabe por qué motivos hasta la fecha no han podido llevarse a cabo. En la presente fecha por tan inexplicable omisión el costo de esta obra para esta población se ha triplicado y su valor actual sería de 60 millones de dólares, situación que implica un grave prejuicio económico tal como lo han denunciado los funcionarios de la Contraloría en un informe en el que detallan irregularidades e incumplimientos.

Es necesario que, más allá de hacerse las investigaciones del caso sobre esta situación, la obra ordenada hace tanto tiempo se cumpla en el menor lapso posible y que se acabe con el martirio de los habitantes de este cantón.