No son noticia nueva los altos niveles de corrupción en los hospitales públicos del país, y tampoco es verdad que la pandemia ha sido la causante de la misma. Son años de años que llevamos escuchando que los centros de salud pública muchas veces para poco o nada sirven. No hay medicamentos, ni suministros, ni equipos en buen estado. Pero los gobiernos de turno nos hablan de millonarias inversiones para el sistema de salud, inversiones que el ciudadano común jamás ve.

Se descubren actos ilícitos y se remueve al director, asesores y a todas las cabezas que tengan que rodar. Y se asignan las responsabilidades a nuevos directivos, pero vuelve a suceder lo mismo, un cuento de nunca acabar.

Ahora nos tocó en este gobierno un vicepresidente doctor, Alfredo Borrero, con todas las buenas intenciones de dar un giro a la salud, pero este proceso toma tiempo. No se trata solamente de cambio de personal, se trata de un problema administrativo estructural enraizado, no por causa de la pandemia, ni fue una herencia del último gobierno, hablamos de un mal que lleva décadas. Y es que los ecuatorianos aportan durante toda su vida para una atención de calidad cuando la necesiten y es lo último que reciben. La salud pública es un derecho, no una dádiva.