El pasado 8 de marzo, el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que modifica las condiciones para la entrega del bono destinado a hijos de mujeres víctimas de femicidio, que fue creado en el 2019, pero para que los menores de edad puedan acceder a la ayuda económica era necesario que exista la sentencia ejecutoriada por el crimen, lo que dejaba a muchos menores fuera del bono, pero ahora bastará que las autoridades judiciales empiecen con la investigación para que esta ayuda llegue.

Toda ayuda es buena, sobre todo para los niños, víctimas colaterales de estos crímenes atroces, pero ellos necesitan más ayuda, ya que el impacto que reciben por la muerte de su progenitora es tremendo y más aún cuando han sido testigos presenciales del crimen. Sería pertinente que el Estado les brinde además del soporte económico ayuda psicológica, bienestar y educación. El monto que recibirán los menores estará entre el 20% y 54% del salario básico unificado, y será calculado en base a la cantidad de niños que queden huérfanos en una misma familia, un valor que no cubrirá todas sus necesidades básicas, pero en algo auxiliará.

El bono será un granito de arena para la ayuda que estos menores realmente necesitan. Urgen más campañas contra la violencia doméstica y soporte para parejas que tengan problemas en su hogar, todo lo necesario para que las discusiones maritales no terminen en femicidio. Un tema delicado que merece más atención por parte de las autoridades.