Esta semana el presidente Guillermo Lasso firmó un decreto que permitirá ampliar el indulto a presos que estén cumpliendo condena por robo, hurto y estafa y que hayan cumplido el 40% de la pena. Pero lo que debería ser un respiro a las cárceles del país, que se encuentran hacinadas desde hace algún tiempo, bien podría causar un dolor de cabeza a la sociedad.

Al hablar de las cárceles en el Ecuador es necesario reconocer que estas penitenciarías no fungen precisamente como centros de rehabilitación. Es verdad que no podemos comparar delitos de robo, estafa o abuso de confianza con asesinatos y violaciones, pero la realidad es que estos actos no dejan de ser delictivos y, a fin de cuentas, son una marca al momento de pretender reinsertarse a la sociedad. Para estas personas, se vuelve casi imposible hallar trabajo y pese a la intención del Gobierno de darles acceso a salud, educación, empleo, la cruz que llevan los expenitenciarios es pesada, y todo se complica más ahora, ya que la pandemia dejó a miles sin ‘camello’.

¿Dónde se espera que consigan trabajo quienes salen de las cárceles, en un mercado saturado por la oferta de mano de obra barata? ¿Qué seguimiento se dará para ver si logran esa reinserción necesaria con empleo? Si bien el objetivo de aliviar un poco el hacinamiento carcelario se cumpliría, ¿pensó el Gobierno dónde podrán ubicarse laboralmente las cerca de cinco mil personas que saldrían libres? Esperemos que con el pretexto de la necesidad no recaigan en sus ‘mañas’ y que no vuelvan a ‘cana’. Ojalá no salga el tiro por la culata.