La Asamblea Nacional concedió la amnistía a 268 personas en un solo paquete. Aunque pareció una pesca a río revuelto, su presidenta, Guadalupe Llori Abarca, defendió aquella decisión del Pleno argumentando que se pensó en la reconciliación y la unidad del Ecuador.

Pero muchos ciudadanos, activistas y exdirigentes gremiales expresaron su rechazo, sobre todo porque una parte de los amnistiados, 60 específicamente, estaban procesados por diferentes causas debido a las violentas protestas de octubre de 2019. Hechos que marcaron al país. Y que desbarataron a la capital.

Si algunos no recuerdan qué pasó, quienes vivieron de cerca los ataques, bloqueos y hasta pérdidas de servicios lo tienen muy claro. Se cerraron las vías, varios negocios quedaron a la deriva, hubo personas agredidas y hasta periodistas secuestrados.

Según la Comisión de Garantías Constitucionales, es su Derecho a la Resistencia. Pero seguramente a los 99 que votaron ‘sí’ para otorgar las amnistías se les olvidó analizar que aquel derecho no justifica faltarle el respeto a los ecuatorianos, al país. Y por eso se presentó una demanda en la Corte Constitucional cuyo pedido apunta directamente a una suspensión de dicha resolución “hasta que se resuelva a fondo”.

Lo más grave es que la decisión del Legislativo deja abierta una puerta para que en un futuro quienes protagonicen daños y desmanes se escuden en el derecho a protestar y, al final del día –por amarres políticos o lo que sea–, queden absueltos. ¡Hasta cuándo, Ecuador!