La preocupación del Gobierno de Estados Unidos por la penetración del narcotráfico en nuestro país y en las fuerzas del orden, según denunció el embajador gringo Michael Fitzpatrick, ha generado revuelo en el interior de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Y aunque el Ministerio de Gobierno salió al paso para asegurar que a ningún general en servicio activo de la Policía ni de las Fuerzas Armadas se le ha retirado la visa, un ‘mal olor’ ha quedado en el ambiente y probablemente no se disipe rápido.

¿Debe sorprendernos el enquistamiento del narco en esta y otras instituciones del Estado? Pues no, ya que lleva mucho tiempo en nuestro territorio, solo basta con recordar el caso de Telmo Castro, quien fue asesinado en una cárcel de Guayaquil en diciembre de 2019. El excapitán del Ejército era investigado por su presunta implicación con el narcotráfico.

Y un ejemplo de que ni en EE. UU. están a salvo de los tentáculos de los capos de la droga es que, según una investigación publicada por el diario The Miami Herald, los narcos manipulan a la justicia de ese país. A través de la cooperación, algunos capos tienen la posibilidad de tener sentencias más ligeras, todo esto como parte de una red de corrupción que iniciaría con los abogados hasta las más altas esferas.

El Gobierno le ha pedido información sobre los “narcogenerales” a Fitzpatrick, los asambleístas han hecho lo mismo con el presidente Lasso, y así nos embarcamos en otra ‘novela’ de terror que ensucia el nombre del país.