El debate está abierto en Quito. El inicio de los operativos por exceso de velocidad en algunos sectores conflictivos para el tránsito vehicular ha generado dos corrientes marcadas: mientras algunos aplauden la iniciativa, otros se quejan de las sanciones impuestas, revelando contradicciones propias de nuestra cultura.

Por un lado, la necesidad de controles más estrictos es innegable, especialmente en vías como la Simón Bolívar, que solo en 2023 registró más de 300 accidentes graves y en la que murieron 40 personas. Las estadísticas de accidentes de tránsito en la capital han mostrado un aumento preocupante, y el exceso de velocidad es uno de los principales culpables.

Sin embargo, muchos ciudadanos han expresado su descontento, argumentando que las sanciones son excesivas y que el sistema está diseñado solo para recaudar billete en lugar de promover la seguridad.

Por ello, es importante encontrar un equilibrio. Las autoridades deben garantizar que las sanciones sean proporcionales, que los procesos sean transparentes, que no sancionarán ‘por las puras’, pero también que habrá un sistema de educación vial serio y reformado. Solo así se logrará una verdadera mejora en la seguridad sin perjudicar a la comunidad.

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