El fin justifica los medios. Esta frase atribuida al general de la Revolución francesa, Napoleón Bonaparte, salta en nuestra convulsionada actualidad como excusa para defender la violenta reacción de algunos ciudadanos contra los delincuentes que son atrapados, debido a la pasividad de las autoridades.

A diario, los ecuatorianos observamos con hastío que quienes están al frente de impartir justicia, teniendo todos los elementos para sancionar a los criminales, permiten que vuelvan a las calles.

A la desbordante inseguridad se suman problemas sociales que el Estado no resuelve todavía, como desempleo, deficientes servicios de salud y educación, mala atención a los jubilados, entre otros. El descontento crece y el deseo de querer hacer justicia por mano propia se vuelve incontrolable. Se recurre a la violencia para buscar paz, pero es el camino equivocado.

La inconformidad que produce este tipo de situaciones en la ciudadanía llega a rebasar el peso de la ley. Por eso es necesario que haya un cambio radical por parte de las autoridades, que se depuren los poderes del Estado para recuperar la confianza ciudadana.

La sociedad se hace daño a sí misma cuando un delito no es sancionado. La protección de la libertad personal, la seguridad individual y la propiedad tanto pública como privada son amenazadas cuando se permite el comportamiento delictivo. Por eso, se necesita que toda la ciudadanía reconozca la importancia de vivir en un Estado de derecho.