Los días de Juan (nombre protegido), guayaquileño de 60 años, se han tornado angustiantes luego de tomar una decisión que nunca estuvo en sus planes: cerrar su negocio de venta y reparación de teléfonos celulares, pues a pesar de que no le generaba mayores ganancias, le daba la seguridad de que no faltaría dinero para la alimentación de su familia y para el pago del local que alquilaba por 200 dólares.

Su emprendimiento se ubicaba junto a las faldas del cerro de Mapasingue, en el norte de Guayaquil. Estaba acondicionado con vitrinas y, desde que lo abrió hace unos 18 años, le fue incorporando de a poco equipos que le permitían manipular dispositivos móviles de manera profesional. Sus últimos días de operaciones fueron los previos a la quincena del pasado julio.

Pero... ¿Qué le pasó? ¿Por qué cerró su negocio? En el contexto de la violencia actual es sencillo deducir el motivo. Y sí, fue a causa de los ‘vacunadores’. Juan no estaba en capacidad de pagar una cuota -en su caso- diaria, por una supuesta protección. Por eso, cerró y desapareció del sector. En el Puerto Principal, él no ha sido la única víctima que se ha visto obligada a escapar y a dejar atrás un negocio al que le había dedicado gran parte de su vida.

“Y es lógico que alguien no quiera seguir con su negocio, porque existen estas personas que se esconden detrás de un teléfono y en otras ocasiones, al hacer sus acercamientos, causan daños, destrucción y hasta un seguimiento a las víctimas (...). Es lógico el abandono de actividades en este contexto, porque el Estado no está brindando acompañamiento”, sostiene Kléber Carrión, experto en Seguridad y exjefe de la Unidad Antisecuestros y Extorsiones (Unase), de la cual fue fundador.

Para el especialista, el crimen organizado obliga a que los comerciantes paguen una doble tributación: una legal, que corresponde al Estado, y otra ilícita, que es de la que sacan partido los extorsionadores.

En el caso de Juan, la cuota diaria de pago era de 3 dólares, pero en su economía equivalía aparte del dinero que destina a su alimentación. Por eso, prefirió huir para buscar otra forma de vivir... y no morir.

Otra víctima que abandonó su negocio, pero para administrarlo a distancia, fue Mariela. A ella, en una cooperativa del noroeste porteño, cerca de la vía a Daule, los extorsionadores no le hablaron ‘bonito’, pues lo primero que hicieron, para amedrentarla, fue realizar disparos contra las fachadas de su casa y su negocio, en el que vende insumos médicos.

Luego de los tiros llegó la petición: 8 mil dólares para empezar a brindarle seguridad, pero eso era solo el inicio, pues debía pagar una cantidad adicional de 300 dólares mensuales. Su reacción inmediata fue escapar del lugar, con toda su familia. Cerró su local y ella denunció la situación en la Fiscalía.

Algunas semanas después seguía sin tener ingresos económicos, pero un seguimiento de investigadores que no le daban solución. Por eso, finalmente, optó por dejar de lado los asuntos legales y contactar a los ‘vacunadores’ que habían atentado en su contra: llegó a un acuerdo de pago y su negocio reabrió sus puertas, sin ella en el sitio, pues tuvo que contratar a alguien que trabaje en su lugar y se vio obligada a abandonar el sector en el que -durante cerca de medio siglo- vivió.

César Peña Morán, fiscal multicompetente de Guayas, explica que el camino legal es denunciar y seguir el proceso correspondiente, pero es consciente de que las víctimas -en su mayoría- sienten temor, porque las extorsiones se dan en zonas controladas por grupos delictivos que conocen el entorno y tienen contactos en diferentes entidades, de las que pueden obtener información de los perjudicados.

Incluso, menciona que en el despacho que dirige actualmente, en Naranjal, escucha de personas que han sido víctimas de los ‘vacunadores’, pero que al ser consultadas para conocer más detalles de los casos, “niegan todo (...). La ciudadanía siente temor”.

Carrión añade que también existe desconfianza de parte de los perjudicados, porque muchos casos no llegan a buen término y eso genera una sensación de impunidad.

Y en Guayaquil, las cifras oficiales respaldan esa premisa, porque más del 99 % de denuncias asentadas por amenazas sigue en la fase de investigación previa, que es la que se inicia con la presentación de la queja formal. En cambio, del total de denuncias por extorsión, el 95 % se mantiene en la misma condición (ver infografía). 

Organizaciones criminales se dividen en ramas

Kléber Carrión detalla que los grupos delictivos que operan en el país se dividen en ramas para abarcar diferentes tipos de infracciones. “Son personas armadas que se dedican a actividades ilícitas, sobre todo al narcotráfico. Estas se fragmentan para tener varios frentes: el que se dedica al tráfico de drogas, el de las extorsiones, el que da seguridad y así para cada tipo de delito que quieran abarcar”, precisa.

El experto hace hincapié en que para conocer hacia dónde vamos, basta observar hacia el pasado, en la historia de un país cercano. “Las Autodefensas Unidas, en Colombia, nacen de un acto de venganza porque el Estado no es capaz de dar una reacción oportuna. Entonces, la ciudadanía se ve en la necesidad de también reaccionar”, asegura.

Pero le preocupa que al tratar de tomar justicia o la seguridad de sus zonas por mano propia, seguirán siendo parte de la ilegalidad. “Es un campo minado por el que estamos atravesando”, concluye. (SCM)