El futbolista Jhon Gabriel Cortez Casierra, conocido popularmente como el Loco Cortez, está obligado a comparecer el jueves 20 de abril de 2023, a las 08:20, en la audiencia de juicio que se lleva en su contra en el Tribunal de Garantías Penales de Esmeraldas, por el delito de delincuencia organizada, supuestamente por sus nexos con la agrupación criminal Los Tiguerones.

El deportista fue llamado a juicio como presunto autor directo, pero no es el único sospechoso en este caso, pues hay otros diez procesados, quienes también tienen que estar en la diligencia, según se detalla en un oficio del expediente.

En la actualidad, Cortez lleva sus actividades con normalidad en el Barcelona Sporting Club. Incluso, en el partido del pasado sábado, ingresó en el segundo tiempo para consolidar la victoria como visitante ante la Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El Loco Cortez no cuenta con orden de prisión en su contra, pero tiene prohibido salir del país. Durante el proceso, su defensa había pedido que se revoque esta medida, para que pusiera viajar con su equipo, pero la solicitud le fue negada.

Vinculación

De lo que se conoce públicamente, a Gabriel Cortez lo vinculan en este caso por tres presuntas llamadas en las que habría hablado de hechos relacionados con un atentado en contra de alguien y de la presunta provisión de armas y proyectiles al citado grupo de delincuencia organizada. Más detalles, de forma oficial, no han sido proporcionados.

El delito que se investiga en este caso es penado con prisión, de acuerdo al artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que precisa: "La persona que mediante acuerdo o concertación forme un grupo estructurado de dos o más personas que, de forma permanente o reiterada, financien de cualquier forma, ejerzan el mando o dirección o planifiquen las actividades de una organización delictiva, con el propósito de cometer uno o más delitos sancionados con pena privativa de libertad de más de cinco años, que tenga como objetivo final la obtención de beneficios económicos u otros de orden material, será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años".

En el segundo inciso de este artículo se añade que "los demás colaboradores serán sancionados con pena privativa de libertad de cinco a siete años".