El cantante ecuatoriano Alejandro Montes de Oca, conocido como el 'Jessi Uribe ecuatoriano', se tomó 15 días de alejamiento de las redes sociales para asimilar la difícil experiencia que vivió. El artista fue secuestrado el pasado 31 de enero en el sector del Parque Samanes, en el norte de Guayaquil, y posteriormente liberado en una gasolinera de la ciudad el 4 de febrero, según informó la Policía Nacional.

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Tras su liberación, Montes de Oca compartió un mensaje en sus redes sociales expresando su gratitud a quienes lo apoyaron en este proceso. “Gracias a Dios, a mi familia, a mis amigos y a todas las personas que estuvieron orando y pendientes de mí durante este proceso desafiante que me tocó vivir. Hoy estoy muy feliz de anunciarles que estoy listo para retomar mi vida y mi carrera, muy ansioso de regresar a los escenarios para compartir mi música, mi pasión y mi arte con todos ustedes, dejando este capítulo de mi vida atrás y regresando con una renovada energía”, afirmó en un video.

Decidido a seguir adelante

EXTRA se contactó con Montes de Oca, quien manifestó que no desea revivir lo ocurrido. “No quiero saber nada de lo que me pasó ni recordar eso, solo enfocarme en lo que se viene en mi vida artística”, expresó, dejando en claro que no dará más declaraciones al respecto.

Al ser consultado sobre su posible regreso como jurado en un reality de canto, dado que antes del incidente estaba en el segmento ‘El Ranchento’ del matinal ‘De Casa en Casa’, señaló: “Estamos viendo y organizándome nuevamente en todo. Les agradezco”. Además, se conoció que próximamente podría lanzar un nuevo tema musical, aunque loo dejó como expectativa.

Sospechosos detenidos

Las autoridades actuaron rápidamente tras conocer el hecho y realizaron dos operativos en el cantón Durán, donde lograron la captura de siete personas, tres de ellas menores de edad, entre el 1 y 2 de febrero. Los cuatro adultos fueron procesados por el delito de secuestro extorsivo, tipificado en el artículo 162, inciso 1, del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En caso de ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta 13 años de prisión.

Durante la etapa de instrucción, que durará 30 días, los detenidos permanecerán en la cárcel Regional del Puerto Principal, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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