Sus manos tiemblan y su voz se entrecorta. Antes de pronunciar una palabra, hace una pausa prolongada, toma aire con dificultad y mira a todos lados, como si cada sombra ocultara una amenaza. Su respiración es agitada y sus dedos nerviosos juguetean con el borde de su camiseta.

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“En este momento no puedo hablar, deje que pase la motocicleta. Aquí nos vigilan. Observan con quién conversamos. La banda que está asentada aquí es Los Águilas, conformada por gente de la zona y de otras parroquias cercanas. Casi no hay patrullaje, ni de la policía ni de los militares”, susurra Andrés, dueño de un negocio en Taura, parroquia de Naranjal. Su mirada esquiva refleja el temor cultivado por tantos años viviendo ‘presos’ de la delincuencia.

El miedo que siente este comerciante, oriundo de una provincia de la Sierra, pero que ha pasado la mayor parte de su vida en esta localidad de Guayas, no es ajeno para los demás habitantes. En cada esquina, en cada conversación a media voz, se respira la misma sensación de incertidumbre.

Al ver que el equipo periodístico de EXTRA recorría las calles de Taura, cuyo casco central apenas lo conforman siete cuadras, integradas por casas de cemento y donde algunas calles aún carecen de asfalto, muchos se apresuraban a cerrar puertas y ventanas, como si un peligro invisible estuviera acechando.

El silencio, muchas veces, se convierte en la única opción en esta localidad. Hace dos años, el propietario de una tienda fue asesinado porque denunció a la policía que lo estaban extorsionando. Ese hecho pasó desapercibido, como tantos otros que han ocurrido en Taura y que nadie se atreve a denunciar por miedo. “Aquí pagamos entre 5.000 y 8.000 anuales para que nos dejen en paz. El caso de Las Malvinas no ha sido el único”, revela el habitante, mientras observaba cómo sus vecinos, temerosos, se escondían para no ser entrevistados.

El 8 de diciembre de 2024, esta parroquia se convirtió en el epicentro de la atención pública. Tres adolescentes y un niño fueron detenidos en el sur de Guayaquil por miembros de las Fuerzas Armadas y luego abandonados en un camino de tercer orden en esta población. Sus cuerpos, incinerados y con signos evidentes de tortura, aparecieron 16 días después en un manglar de un recinto de Taura.

Según las investigaciones, los menores de edad, quienes habían llegado pidiendo ayuda a una casa del sector, fueron secuestrados por integrantes de un grupo criminal que controla la parroquia. Fueron subidos a motocicletas y llevados a un destino desconocido.

Clases suspendidas por ‘vacunas’

No solo Andrés vive sumergido en el miedo. Yadira, una enfermera de 39 años y madre de cinco hijos, comparte la desesperación que la embarga desde hace tiempo porque sus hijos no pueden recibir clases presenciales y deben estudiar en casa, ya sea conectándose de forma telemática o yendo al plantel a ver las tareas, las cuales deben ser entregadas al docente.

“Tengo tres niños en la escuela y ellos no han tenido clases casi todo este período lectivo. El mayor, que está en el colegio desde enero, tampoco recibe clases presenciales. No nos dan explicación, solo que las clases están suspendidas. Cuentan que los maestros han sido amenazados o que los obligan a pagar ‘vacuna’”, manifestó la señora, quien es nativa de esta parroquia.

El miedo a la violencia no se limita solo a los residentes. Álex, guayaquileño de 32 años y quien trabaja en una camaronera, relata cómo tanto él como su jefe han sido víctimas de extorsión.

“Lo peor son las motos sin placas. Parecen estar vigilando todo, mirando quién entra, quién sale, quién habla. Este lugar es tan pequeño, pero está completamente controlado por la delincuencia. Yo trato de ser discreto, de no llamar la atención, pero igual nos ‘vacunan’. Es la misma banda que también se dedica a extorsionar y secuestrar”, explica Álex, con la voz baja, mirando a su alrededor, como si alguien lo estuviera observando.

Un miembro de las Fuerzas Armadas, que llegó junto a un grupo de militares mientras el equipo de este Diario realizaba la cobertura, confirma la versión de los habitantes e indica que el delito más común en la zona es la extorsión a los locales comerciales.

“Seguimos realizando intervenciones junto a la policía. Las personas aseguran que son amenazadas y obligadas a pagar las sumas exigidas por estos grupos de delincuencia organizada”, expresa el oficial de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) encargado de la zona.

EXTRA intentó contactar al jefe de la Policía de Naranjal, pero su departamento de comunicación respondió que no podría colaborar en ese momento, citando una reunión.

Violencia estructural afecta a comunidades pequeñas

Daniel Pontón, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del IAEN, confirma lo dicho por algunos habitantes de Taura: la zona está dominada por Los Águilas, una organización alineada con Los Choneros, una de las principales bandas narcodelictivas del país.

“El foco de atención ha estado en la violencia urbana, pero también hay graves problemas en las zonas rurales. Taura es un claro ejemplo de la violencia estructural que afecta a las comunidades pequeñas. La extorsión, las amenazas de sicariatos, el narcotráfico, y las luchas por el control territorial están fuera de control. Esta situación no es aislada, está reflejando los primeros signos de un conflicto armado interno en pequeñas comunidades”, concluye Pontón, enfatizando que la política de seguridad está mostrando sus limitaciones frente a este crecimiento de la violencia.

Momo “figura clave” del crimen en Taura

El abogado Abraham Aguirre, representante legal de la familia de los 4 de Las Malvinas, afirmó que Bryan Vicente Alvarado Aguirre, alias Momo, señalado por un testigo como uno de los responsables de la muerte de los menores de edad, es una ‘figura clave’ dentro de la delincuencia en Taura y miembro de la banda Los Águilas.

Sin embargo, el testigo que lo mencionó, quien había sido convocado para rendir su declaración el 16 de enero, nunca se presentó, lo que pone en duda la veracidad de su testimonio.

“Además, sería fundamental que quien mencionó a Momo y a otros implicados explique cómo obtuvo esa información y en qué se basa para señalar su participación”, agregó Aguirre.

En el caso de los adolescentes de Las Malvinas, existe una investigación paralela por secuestro con resultado de muerte. Asimismo, en el proceso por desaparición forzada, varios miembros de las Fuerzas Armadas ya están siendo procesados.

La reconstrucción de los hechos, inicialmente programada para las 20:00 del jueves 30 de enero, fue pospuesta para el próximo 16 de febrero.

“Se ha solicitado la extracción de datos de teléfonos, la revisión de videos y la recopilación de testimonios de los niños que estuvieron con los menores fallecidos, con el objetivo de esclarecer los hechos ocurridos en Taura”, concluyó Aguirre.

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