A poco más de un mes de la finalización del mandato de Diana Salazar como fiscal general del Estado, su salida sigue sin resolverse: el proceso de renovación avanza lentamente, y la posibilidad de una prórroga se acerca.

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Aunque el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) inició el concurso para reemplazar a Salazar en septiembre de 2024 con la aprobación del reglamento, casi seis meses después, solo se ha formado la veeduría ciudadana, un paso previo al concurso.

Con la destitución de la Liga Azul, vinculada al correísmo, se esperaba que el nuevo Pleno del CPCCS avanzara rápidamente en los concursos pendientes. Sin embargo, Gonzalo Albán, uno de los consejeros principales, asegura que el proceso se ha complicado.

“Llevo poco tiempo, pero he notado que hay cosas que podrían hacerse simultáneamente y no se hacen”, comenta, y señala que una posible reforma al reglamento para conformar la comisión ciudadana también está retrasando el concurso.

Además, Albán menciona que factores administrativos, como la determinación de dietas para los comisionados, complican la realización de los concursos, incluido el de fiscal general.

Este Diario intentó contactar al presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, para conocer más sobre los retrasos en el concurso de fiscal general, pero no obtuvo respuesta antes del cierre de esta edición.

La ciudadanía no puede tolerar más demoras, afirma Pamela Troya, activista y excandidata al CPCCS, quien considera que estos problemas estructurales en la institución son la raíz del estancamiento de otros procesos como el de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Troya señala que el CPCCS no está cumpliendo con su responsabilidad, lo que justificaría un juicio político en la Asamblea Nacional. Sin embargo, Albán destaca que en algunos casos, la demora de los procesos no depende del CPCCS, como en la espera de la terna para el Consejo de la Judicatura por parte de la Función Ejecutiva.

Aunque Troya no apoya la eliminación del CPCCS, propone que se le retire la atribución de renovar autoridades de control, dejándolo solo como una entidad de promoción ciudadana. Esto, según ella, eliminaría las excusas cuando los procesos de renovación no avanzan como deberían.

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