El presidente Daniel Noboa anunció ayer en una entrevista que, de ganar la reelección en la segunda vuelta de abril, convocará a una Asamblea Constituyente para impulsar cambios profundos en la actual Constitución de Ecuador.

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Su propósito es que el pueblo elija a un grupo de representantes para que redacte una nueva carta magna, ya que, según él, la vigente favorece más a los delincuentes que a los ciudadanos respetuosos de la ley.

“Si te vas preso, eres población vulnerable. Es más, puedes entrar a una sala de emergencias antes que una joven de 25 años saludable. A mí me parece un absurdo”, afirmó.

Noboa también destacó que su propuesta se llevaría a cabo de manera rápida y eficiente, diferenciándose del proceso de casi dos años liderado por Rafael Correa en 2008. No obstante, el ‘presi’ no especificó qué otras reformas planea introducir.

El proceso de una Asamblea Constituyente en Ecuador

“Hacer una Asamblea Constituyente no es soplar y hacer botellas”, cuestiona la abogada constitucionalista Ximena Ron. Según la jurista, no es viable esta iniciativa, ni la idea de ejecutarla con rapidez.

“No existe esa posibilidad de acortar los tiempos de la Constituyente, porque es un proceso complejo que requiere por lo menos tres consultas populares, y eso involucra una complejidad de tiempo y dinero que no se puede simplificar. También hay un tiempo de redacción del texto constitucional que no se puede reducir”, dice Ron.

La abogada también ve en esta propuesta una estrategia política de Noboa y un posible desconocimiento de las prioridades del país. “La inseguridad y la falta de empleo no tienen nada que ver con la Constitución. Existen temas estructurales que sí requieren reformas, pero esas se pueden lograr mediante una reforma parcial, un proceso más sencillo, con menos tiempo y menos gastos”, sostiene.

Además, advierte sobre un riesgo adicional: "Un proceso de Asamblea Constituyente puede extender el periodo de gobernabilidad de quien esté en el poder en ese momento, como ocurrió con Rafael Correa. Probablemente, uno de los objetivos de quienes plantean esto es quedarse más allá de los cuatro años".

Una Constituyente que podría polarizarse

Por su parte, Santiago Machuca, abogado y docente de Derecho Constitucional de la Universidad Central del Ecuador, indica que una eventual Constituyente estaría marcada por la polarización actual de la sociedad ecuatoriana, evidente en las últimas elecciones.

“La sociedad ecuatoriana está dividida entre dos tendencias mayoritarias que (...) son el anticorreísmo y el correísmo”, analiza. Machuca considera que este trámite podría ser un mecanismo adecuado, dado que la actual Constitución tiene 16 años y requiere actualización.

Machuca considera que una Constituyente podría ser un mecanismo adecuado, dado que la actual Carta Magna tiene 16 años y requiere actualización. Sin embargo, enfatiza que las reformas más urgentes no necesariamente pasan por una nueva constitución. "En el ámbito de la seguridad, hay que preocuparse por el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, sobre todo en la función judicial. Se necesitan mecanismos para sanear el poder judicial y, a la vez, darles herramientas a los jueces para enfrentar situaciones complejas, como protegerlos", explica.

Sobre cómo evitar que la Constituyente se convierta en un instrumento del Ejecutivo, Machuca subraya la importancia del estatuto que regule el proceso. "Si el estatuto establece formas que implicarían un control total del Ejecutivo, la ciudadanía tiene la opción de no aprobarlo en la consulta popular", afirma. Para él, el rol de la ciudadanía será clave para equilibrar el poder en este proceso.

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