La investigación contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, tiene su origen en una denuncia presentada en julio de 2024 por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La denuncia detalla 11 hechos relacionados con la posible comercialización ilegal de combustibles en estaciones de servicio cercanas a la frontera con Perú, las cuales están afiliadas a la Comercializadora Compañía de Petróleos y Servicios Copedesa S.A., donde Álvarez es uno de los accionistas.

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Según la Agencia estatal, los volúmenes de combustible despachados por Petroecuador EP y la facturación electrónica de varias estaciones de servicio afiliadas a Copedesa no coinciden, lo que generó dudas sobre la legalidad de las operaciones.

Hechos clave presentados por la Fiscalía

En la audiencia del 16 de diciembre de 2024, la Fiscalía expuso los detalles del caso, mencionando una de las estaciones involucradas: la estación Zambrano, ubicada en la parroquia rural El Guismi, en la provincia de Zamora Chinchipe. Esta estación está afiliada a Copedesa y se encuentra en una zona minera clave.

Durante la audiencia, el Servicio de Rentas Internas (SRI) proporcionó información reveladora. Copedesa facturó un total de 10,1 millones de dólares a Raúl Zambrano Orellana, propietario de la estación, lo que corresponde a 7 millones de galones de diésel premium. Sin embargo, la estación tiene una capacidad de almacenamiento de solo 10.288,63 galones. La Fiscalía destacó que, si la estación compró 7,05 millones de galones en 19 meses, esto implica una compra mensual de aproximadamente 371.305,84 galones, mucho más allá de su capacidad de almacenamiento.

Vinculación con otras empresas

En la misma audiencia, se mencionó a Fuelcorp S.A., que habría facturado 745.718 galones adicionales de diésel, los cuales habrían sido abastecidos por Petroecuador EP.

Esta empresa tenía como accionistas a José Franco Magallanes, José Cevallos Avellán y César Bravo Ibáñez, quienes estuvieron vinculados al círculo cercano de Álvarez. Franco, en particular, fue gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil bajo su administración, pero renunció después de la denuncia.

¿Qué sucede con Aquiles Álvarez?

Aunque la Fiscalía aún no ha procesado a Aquiles Álvarez, el alcalde podría ser vinculado formalmente a la causa antes del cierre de la instrucción fiscal, previsto para la segunda semana de marzo de 2025. Según los avances de la investigación, Álvarez firmó entre 2021 y 2023 los contratos de afiliación de las estaciones de servicio involucradas en la denuncia.

Por su parte, el alcalde se ha defendido argumentando que el caso responde a una disputa política con el presidente Daniel Noboa. En un mensaje en su cuenta de X, Álvarez aseguró: “No tienen elementos en un proceso que debe archivarse en 30 días”. Además, el 14 de febrero de 2025, reiteró que estaba dispuesto a colaborar con la justicia y confía en que se actuará con imparcialidad. "No hay nada que ocultar ni nada que temer", aseguró.

Reacciones y postura de Álvarez

En medio de la investigación, Álvarez ha declarado que el caso no tiene fundamentos y lo calificó como una denuncia "maliciosa y temeraria". En otro mensaje en su cuenta de X, el 7 de febrero de 2025, hizo referencia al caso Petronoboa, vinculado a Petro Granja, un excandidato a la presidencia, para descalificar las denuncias en su contra.

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