Durante su cierre de campaña por las elecciones de 2025, el entonces candidato presidencial Pedro Granja puso la voz de alerta: la familia del presidente Daniel Noboa estaría involucrada en un caso de presunto comercio irregular de combustibles.

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Según adelantó Granja en ese momento, la empresa Petronoboa S.A.S., vinculada al hermano del mandatario, Santiago Noboa Azín, habría causado un perjuicio al Estado ecuatoriano de alrededor de 4 millones de dólares por el presunto desvío de combustible subsidiado.

Casi dos semanas después, el presunto comercio irregular de combustible de Petronoboa aterrizó en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, a la que fueron convocados Granja y funcionarios de gobierno que se excusaron de participar.

¿Cómo se habría desviado el combustible subsidiado?

Durante la sesión de la mesa legislativa, Granja explicó que el caso Petronoboa trata de un presunto desvío de combustible subsidiado a través de una gasolinera ubicada en la vía El Triunfo-Guayaquil, misma que fue adquirida en enero de 2024.

Según Granja, a pesar de que el promedio de compra a Petroecuador de las gasolineras del sector es de 300 mil galones de diésel, la estación Rio Verde de propiedad de Petronoboa registró en 2024 una facturación por alrededor de 4 millones de galones de diésel.

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Sin embargo, Granja precisó que hay registros de que Petroecuador apenas despachó 90 mil galones de diésel a Petronoba. Los más de dos millones de galones restantes, señaló Granja, deberían ser justificados por la empresa y la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch).

Asimismo, Granja dijo tener pruebas de que desde que realizó la denuncia del presunto comercio irregular de combustibles, el Servicio de Rentas Internas (SRI) anuló más de 6.800 facturas de Petronoboa.

¿En qué se parece el caso Petronoboa al caso Triple A?

Al igual que el señalamiento hecho a Petronoboa, el denominado caso Triple A investiga el presunto delito de comercialización irregular de combustibles por parte de Copedesa S.A., empresa vinculada a la familia del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Días atrás el fiscal del caso, Carlos Alarcón, solicitó día y hora para vincular al alcalde Álvarez y a otras nueve personas más.

Aunque el juez Jairo García había solicitado al fiscal que le informe si alguna de las personas a vincular tenía fuero de corte provincial, terminó por fijar la audiencia de vinculación para las 10:00 del 5 de marzo de 2025

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